La banca española cuenta en sus balances con un total de 67.000 millones de euros en deuda subordinada, de los que 34.000 millones son susceptibles de sufrir una quita. Ese volumen es el que manejan las entidades españolas que han recibido ayudas públicas, según datos del Banco de España, y sobre el que el Banco Central Europeo quiere imponer pérdidas para minimizar el impacto de la recapitalización bancaria en aquellas entidades que vayan a ser liquidadas.
Bankia es la entidad, de las que ha recibido auxilio del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta con mayor deuda subordinada: 7.500 millones. Banco de Valencia, ex filial de Bankia, atesora algo más de medio millón.
Sin embargo, la cifra podría incrementarse en otros 20.000 millones (en total, 54.000 millones en peligro de quita) si, como pretende ahora la institución que preside Mario Draghi, la deuda senior, aquella que tiene preferencia de pago, pueda también utilizarse para pagar el rescate del sistema financiero español. De hecho, el propio presidente del BCE defendió esta postura en la reunión del Eurogrupo del pasado 9 de julio, según el 'Wall Street Journal'.
Los ministros de Economía de la eurozona rechazaron la recomendación de Draghi por miedo a la reacción de los mercados. De hecho, el Memorando de Entendimiento que recoge las condiciones del rescate bancario a España precisa que asumirán pérdidas los tenedores de deuda subordinada y capital híbrido, como las participaciones preferentes, pero no cita a los inversores en deuda sénior, que en un alto grado son otras entidades financieras europeas.
El banco danés Amagerbanken sufrió una quita de deuda senior en febrero de 2011. El resto de bancos daneses no lograron financiación durante meses.
El Memorando confirma que los accionistas y bonistas de las entidades sufragarán el coste de aquellas entidades que se liquiden para que este proceso cause el menor perjuicio económico para el contribuyente. De esta manera, los titulares de participaciones preferentes de aquellas entidades que desaparezcan o sean subastadas a otro banco sufrirán una quita de su inversión inicial.
Esta medida fue avanzada hace algo más de tres semanas por Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia, en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander. Almunia confirmó que esta medida forma parte de la reestructuración que impone la Unión Europea a aquellos bancos que necesitan el rescate del organismo comunitario. "Antes de que el contribuyente pierda dinero, hay que repartir los esfuerzos entre los accionistas y bonistas", aseguró Almunia, que dejó en manos del Gobierno de Rajoy la compensación para los pequeños clientes de preferentes de las entidades que perciban fondos europeos.
A juicio del responsable de Competencia, las entidades que reciben dinero de la UE para recapitalizarse no pueden utilizar esos fondos para convertir preferentes a un precio diferente al de mercado lo que, lógicamente, implica pérdidas para los clientes dueños de este producto financiero. La solución para estos pequeños ahorradores, según Almunia, debe venir por parte del Estado con cargo a los presupuestos del Gobierno central o de una comunidad autónoma. "Sería como una especie de subsidio" de la administración.
Desde Bruselas, sin embargo, no se está de acuerdo con la intención del BCE de que los bonistas de deuda senior carguen con parte de la carga del rescate bancario. En Europa, sólo se ha aplicado esta opción en una ocasión. Fue al banco danés Amagerbanken, cuya deuda senior sufrió una quita en febrero de 2011. La conclusión fue que los bancos daneses no pudieron acudir a los mercados de financiación de este tipo de deuda durante varios trimestres. Según un informe del Royal Bank of Scotland, si se aplicara una quita sobre la deuda senior de las entidades españolas "se produciría un cierre de los mercados para todas los bancos de la periferia europea. El BCE tendría que actuar para evitar el contagio en el mercado secundario", asegura el texto firmado por los analistas Gallo, Kalen, Datta y Tyrrell-Hendry.
De confirmarse, la postura de Draghi supondría un cambio radical respecto a lo que defendió el BCE durante el rescate de Irlanda en noviembre de 2010. En aquel momento, la autoridad monetaria se opuso a imponer pérdidas a los titulares de bonos de los bancos irlandeses, afectados como los españoles por la burbuja inmobiliaria.
