La de componendas que tuvo que estudiar y analizar el Gobierno para dar una salida al almacén de gas Castor. Fue una bomba de relojería allá por septiembre de 2013, cuando su dueño, ACS, a través de su filial Escal UGS, comenzó a inyectar gas y provocó más de 500 terremotos frente a las costas castellonenses de Vinaroz.
Pero la onda expansiva de la bomba submarina se ha ido propagando día tras día, mes tras mes, desde hace más de un año, hasta acabar no sólo afectando a los habitantes de la zona azotada por los seísmos, sino también a todos los consumidores que religiosamente pagan sus recibos de gas, a los que les supondrá un sobrecoste de 630 euros a cada uno en todo el periodo.
Serán ellos los que tendrán que costear, durante 30 años, la indemnización de 1.350 millones de euros que el Consejo de Ministros ha aprobado de urgencia para que la pueda cobrar el grupo de Florentino Pérez, saldar sus deudas con los bonistas que la financiaron y no incurrir en impago.
Finalmente, el Gobierno optó por la solución menos problemática para ACS y para el resto del sector empresarial y bancario español, pero, a la vez, más gravosa para la ciudadanía.
Las grandes empresas de gas, electricidad y petróleo se opusieron al plan de Nadal para titulizar los 1.350 millones a través de un fondo ligado a la sociedad pública que absorbiera el Castor
El Ministerio de Industria y Energía, previamente a esta solución de urgencia tan criticada desde diferentes frentes políticos y sociales, intentó por todos los medios que fueran las grandes empresas energéticas las que se “comieran el marrón de pagar a Florentino el fiasco del Castor, que ha acabado cerrado sine die y devuelto al Estado”, en palabras de una fuente conocedora de este intento desesperado.
Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía y hermano de Álvaro, jefe de la Oficina Económica del Gobierno que desde el primer momento también estuvo trabajando para buscar una solución, trató de endosar los 1.350 millones de euros a las grandes compañías gasistas, eléctricas y petroleras que operan en España.
La idea que planteó Nadal, tal y como adelantó Vozpópuli, pasaba por crear un ‘banco malo’ que se quedara con el activo tóxico, el almacén Castor, cuya concesión ACS devolvió al Estado en julio. Una vez aparcada la infraestructura en esta sociedad pública, las grandes compañías del sector tomarían una parte de ella para posteriormente acudir a los mercados financieros para titulizar el activo, informan fuentes de varias compañías que fueron ‘tocadas’ por el ‘número dos’ del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria.
Fue Nadal el que anduvo detrás de las grandes para evitar que los consumidores pagaran el fiasco del Castor, idea que sí defendían otros miembros del Gobierno, entre ellos el propio Soria
“Se nos planteó un esquema similar al del déficit de tarifa eléctrico, que las compañías han titulizado a través del FADE para sacar esa deuda de sus balances”, señala una de esas fuentes.
Se crearía un fondo especial para emitir títulos a una rentabilidad atractiva para los mercados, eso sí sin aval del Estado, con los que se habrían costeado los 1.350 millones de euros que se ha llevado Florentino Pérez.
Pero la propuesta de Nadal tuvo poco éxito, ante las negativas, unas directas, otras más veladas, de las compañías a las que se sondeó.
El Gobierno planteó un esquema similar al que sirve a las compañías eléctricas para titulizar el déficit de tarifa en los mercados
Ni se creó el banco malo ni se le endosó el problema a otras compañías. El Gobierno optó, no sin sonadas discrepancias internas, incluidas las que hubo entre el propio Nadal y su jefe Soria, por aprobar de urgencia un decreto en el Consejo de Ministros para salvar a ACS.
Los bonistas, incluido en Banco Europeo de Inversiones (BEI), tenían de plazo hasta mañana 30 de noviembre para cobrar la financiación aportada para costear el Castor. De no haber accedido a las pretensiones del presidente del Real Madrid, el Ejecutivo de Rajoy habría dejado caer a una de las grandes compañías españolas, ACS, con el efecto negativo que eso tendría en los mercados financieros y en Bruselas, desde donde se controla el BEI.
El Gobierno utilizó el vehículo de Enagás para que un pool de bancos concediese los 1.350 millones de euros de indemnización a ACS, que mes a mes tendrán que pagar los consumidores españoles a través del recibo durante 30 años.
