El sector renovable pocas veces había estado tan unido como ahora. Las principales patronales del sector han decidido aparcar por un tiempo sus desavenencias para hacer un frente común contra el Gobierno español por lo que consideran "el mayor atropello de la historia energética", en palabras del directivo de una gran empresa afectada.
Así que los lobbies Appa (eólica, solar, biomasa, geotermia…) Anpier, Unef (fotovoltaicas) y Promtermosolar se han unido para lanzar una última advertencia al Gobierno: si el Ministerio de Industria no da marcha atrás en su plan para fijar los nuevos estándares retributivos, que supondrán un recorte adicional de hasta 2.000 millones de euros y el cierre o reestructuración de un buen número de instalaciones, todas ellas lanzarán una campaña de "pleitos y demandas ante todos los organismos nacionales e internacionales posibles", señalan diferentes fuentes patronales y empresariales consultadas esta semana por Vozpópuli.
También Iberdrola, la mayor de las eléctricas españolas y la que más apostó desde el principio por las renovables "defenderá ante los tribunales" los intereses de sus accionistas ante los efectos de varias normas incluidas en la reforma energética del Gobierno,"de dudosa legalidad", entre ellas los recortes a la retribución de la distribución y las actuaciones de carácter "retroactivo", ha señalado en Londres el consejero-director general de la compañía, José Luis San Pedro, mano derecha del presidente Ignacio Sánchez Galán, durante la presentación de los resultados anuales ante los analistas.
Iberdrola lanza este mensaje después de cifrar en 1.310 millones el impacto solo en 2014 de las medidas adoptadas por el Gobierno, de los que 868 millones corresponden a decisiones anteriores a julio del año pasado y 442 millones a las directamente relacionadas con la reforma anunciada en esa fecha.
La propuesta de Orden Ministerial de estándares para fijar la nueva retribución a las energías renovables y la cogeneración está ahora en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y mantiene abierto el proceso de alegaciones de todas las partes.
El sector es pesimista y teme que el Gobierno no cederá ni suavizará la Orden Ministerial, haciendo oídos sordos a las alegaciones que las partes están entregando a la CNMC
Una vez acabe este periodo de alegaciones, el superregulador devolverá el texto con las propuestas del sector y será Industria la que tendrá la última palabra al respecto.
Pero las patronales renovables son muy pesimistas y creen que el ministro José Manuel Soria y su lugarteniente (y ministrable) Alberto Nadal, secretario de Estado, no están por la labor de suavizar la propuesta inicial, que "demuestra a las claras el ensañamiento de este Gobierno con el sector renovable, al que ha criminalizado y culpado de todos los males del sistema eléctrico", señalan otra fuente del sector.
Los equipos jurídicos de las patronales y de sus principales integrantes están analizando en estos momentos por qué vías administrativas, jurídicas y arbitrales atacarán al Gobierno si no da marcha atrás al último recorte, que Industria cifra en 1.700 millones y el sector en más de 2.000 millones, adicionales a los ya sufridos desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa.
Las patronales fijarán mañana, en rueda de prensa conjunta, su posición y marcarán la estrategia para combatir en los tribunales las últimas medidas del Ejecutivo y en especial el nuevo sistema de retribución renovable. En el encuentro no estará la Asociación Empresarial Eólica, controlada por los gigantes Iberdrola, Acciona y Gas Natural, tradicionalmente críticos con los sectores fotovoltaico y termosolar que defiende el resto de patronales.
Algunas compañías españolas como Abengoa o Isolux ya han demandado al Gobierno en cortes arbitrales internacionales, pero ahora serán las patronales las que de forma conjunta abanderarán la batalla jurídica
Algunas compañías españolas como Abengoa e Isolux Corsán, a título individual, ya han abierto el camino y han planteado sendos procesos arbitrales contra el Reino de España por violar el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo marco sellado en los albores de la creación de la Unión Europea que sirve para proteger las inversiones transfronterizas.
Pero las patronales piensan más en clave nacional. En paralelo a los procesos abiertos por varias comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional por los recortes, el sector renovable prevé acudir a los tribunales ordinarios por lo que consideran "una nueva violación de la seguridad jurídica en España y el cambio de unas reglas de juego que va a provocar la entrada en concurso de acreedores de muchas plantas, especialmente fotovoltaicas, las más vulnerables por tener detrás a pequeños inversores que quebrarán por no poder afrontar los pagos de sus créditos con la nueva retribución", añade otra de las fuentes del sector consultadas.
La estrategia de confrontación que planean las patronales renovables se las tendrá que ver con el equipo especial creado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para defender al Reino de España y al Gobierno de la avalancha de demandas previstas tras los cambios normativos.
Los lobbies verdes escenificarán mañana la estrategia de confrontación contra Soria y Nadal en una comparecencia pública
Además de la denuncias que se presenten puertas adentro, ya hay fondos internacionales que invirtieron en España en el sector renovable que se han unido para demandar al Reino de España ante los organismo internacionales de arbitraje.
El emirato de Abu Dabi, el fondo británico Eiser, los fondos RREEF y Antin Infrastructure, vinculados respectivamente a Deutsche Bank y BNP Paribas, y varios inversores más ya han denunciado al Reino de España por los cambios regulatorios.
