Primero dio la callada por respuesta; luego dijo que no le “consta” y, una vez que Vozpópuli se hiciera eco del soterrado enfrentamiento con la SEPI a cuenta del multimillonario proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) niega “rotundamente” que el holding público le haya expresado ese malestar.

El pasado viernes, este diario se puso en contacto con Enresa para intentar confirmar las desavenencias con SEPI (accionista de Enresa con un 20%) ante los temores por un probable incremento del coste del proyecto, cifrado, de momento, en 900 millones de euros.

Una bronca “monumental”, según distintas fuentes, que el grupo público que preside Ramón Aguirre declinó comentar. Por su parte, Enresa no devolvió esa llamada. Tras un nuevo intento el pasado lunes a primera hora, una portavoz de la empresa pública aseguró que a esta no le “consta” ese malestar de SEPI y pidió un e-mail con las mismas preguntas, que recibió minutos después y no contestó ese día.

Al día siguiente, y más de una hora después de la publicación (bien entrada la mañana) de la información de este medio, Enresa remitió por fin sus respuestas, en las que niega “rotundamente” que haya fraccionado licitaciones relacionadas con el ATC en varios concursos; que esto vaya a provocar un incremento de costes del proyecto, así como que la SEPI le haya expresado algún malestar por este motivo.

En su tardía respuesta, Enresa, la empresa que preside Francisco Gil-Ortega, persona cercana a María Dolores de Cospedal, no precisa cuántos contratos tiene pensado licitar aproximadamente para construir el ATC y su centro asociado (serán “todos los necesarios para cumplir los plazos”), reitera que el emplazamiento es “perfectamente viable” y dice que “no se ha variado el presupuesto inicial” de 900 millones, que suponen 200 millones más de lo previsto en las primeras estimaciones del ATC (realizadas antes de la crisis).

Este lunes, un día antes de asegurar a este diario que el “almacén va a estar listo” en el plazo previsto, el último trimestre de 2017, Enresa sacaba a concurso por 462.555 euros (IVA no incluido) un estudio para la "Investigación de las características del terreno" del ATC que viene a confirmar los temores sobre la idoneidad del emplazamiento del complejo, elegido en una decisión política atribuida a Cospedal. Villar de Cañas era la peor de las cuatro candidatas al ATC desde el punto de vista geológico.

En el pliego de condiciones de ese contrato que acaba de licitar, Enresa encomienda al adjudicatario analizar “la posible existencia de ciertas inestabilidades del terreno localizadas, evaluando su posible descenso o elevación” e incluyendo “las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de contención, técnica y económicamente viables". El riesgo de que el emplazamiento elegido requiera de cimentaciones especiales para sortear posibles cavidades en el subsuelo es conocido por el Ministerio de Industria desde hace tiempo y, según los expertos, si se materializa va a disparar el coste de la instalación.

Iberdrola Ingeniería, que fichó al marido de Cospedal, participa en los cuatro grandes contratos adjudicados hasta ahora, por un importe total de 34,2 millones

Por otro lado, a Enresa le disgusta que se vinculen sus actuaciones con la figura del empresario Ignacio López del Hierro, casado desde 2009 con la presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP. Hace dos semanas, y en relación con las informaciones relativas a esos vínculos, la empresa desmintió “rotundamente que D. Ignacio López del Hierro haya influido de ninguna de las maneras en las muchas y diferentes adjudicaciones relativas a los proyectos que Enresa tiene en marcha y que son aprobadas por Comité correspondiente de la empresa”.

Lo cierto es que, mientras resuelve las dudas sobre si el solar elegido es válido o no para albergar el ATC, Enresa ha encomendado los mayores contratos adjudicados hasta ahora para poner en marcha el silo nuclear a consorcios en los que participa, de forma directa o indirecta, Iberdrola Ingeniería, una de las mayores empresas de ese sector en España, que hace año y medio fichó al marido de Cospedal.

Se trata, por este orden, y de acuerdo con los datos disponibles en el portal de Contratación del Estado, de la ingeniería principal del silo nuclear (21,5 millones), adjudicada a un consorcio liderado por Westinghouse en el que Iberinco está presente a través de su participada Empresarios Agrupados; los servicios de ingeniería para el diseño del laboratorio de combustible gastado y residuos radiactivos del Centro Tecnológico (5,45 millones), que construirá una UTE también liderada por esa multinacional estadounidense y en la que está presente Ghesa (participada por Iberinco); y los trabajos de ingeniería del almacén de espera de Contenedores (3,8 millones) y el módulo del almacén de residuos de Media Actividad (3,4 millones), encomendados a un consorcio formado por las filiales de ingeniería de Iberdrola y Gas Natural.

Esos cuatro contratos (los únicos adjudicados hasta ahora que superan el millón de euros) suman un importe agregado (IVA incluido) de 34.228.593 euros, el 97,4% de la factura total a la que hasta ahora ha ascendido el ATC.

Enresa prevé que las obras del ATC comiencen “dentro de un mes” y que los trabajos en el área más importante, la zona nuclear (todavía en proceso de licenciamiento) lo hagan en 2015. El almacén de espera de contenedores estará listo para finales del 2016.

“Con esta previsión se podrán atender todas las necesidades de las centrales españolas y el retorno de los residuos de Francia”, que deben regresar a España en el primer semestre de 2017. “Para prevenir posibles contingencias para aquellas centrales cuya saturación se alcance en estas fechas o esté próxima a estas fechas, se articulan los medios necesarios para proporcionar capacidad adicional al almacenamiento”, según Enresa.