El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se quejó ayer en Londres de la voracidad recaudatoria del Gobierno de Mariano Rajoy, que con las subidas de impuestos, la creación de nuevas tasas y los cambios regulatorios hacen cada vez más difícil la viabilidad de empresas y economías familiares.
Iberdrola paga en España 1.500 millones de euros en impuestos, de los cuales 1.000 millones son tributos energéticos, algunos de nueva creación como el impuesto de generación (7%) y el canon hidroeléctrico, que entraron en vigor el 1 de enero. Según Galán, las cargas impositivas son ya superiores a los costes laborales del grupo en España.
Según Iberdrola, con la presión fiscal del Ejecutivo, la generación eléctrica en España pierde dinero
Además, las medidas regulatorias aplicadas por Industria han tenido un impacto negativo en las cuentas de la empresa de 800 millones de euros. El panorama pintado por Galán sobre la situación de las compañías eléctricas en España fue catastrófico, ya que con la presión fiscal, los cambios normativos y las nuevas medidas de ajuste, la generación eléctrica en España pierde dinero.
Pero si se da el salto de la empresa a las economías familiares, la situación es aún peor. Los hogares también sufren esa voracidad recaudatoria, pagando cada dos meses un recibo de la luz en el que, según el cálculo de las eléctricas, el 60% de la factura "no tiene nada que ver ni con lo que consumimos ni con el coste del transporte ni de la distribución", añadió Galán. Es esta la causa principal de que la luz sea tan cara en España (es el tercer más caro de la Unión Europea).
El recibo de la luz en España es el tercer más caro de la UE, pero el 60% de su coste no es por la energía, sino por las políticas energéticas
Por ello, exigió al Ejecutivo que todas las partidas de política energética (costes extrapeninsulares, primas a las renovables, moratoria nuclear, fomento de las nuevas tecnologías energéticas…) salgan del recibo y se carguen directamente a los Presupuestos Generales del Estado para que lo paguen todos los españoles, y no sólo los titulares del recibo.
Y con los hogares más desfavorecidos, la situación es más flagrante, según Galán, porque el Gobierno les aplica una doble moral: obliga a las eléctricas a costear el bono social al que se pueden acoger las familias con menos recursos, pero a la vez no exime a estos hogares más necesitados del pago del 21% de IVA en sus recibos.
No tiene sentido dar a los hogares más pobres el bono social y seguir cobrándoles el 21% de IVA con el único objetivo de recaudar, censura Galán
Así que el sector eléctrico se pregunta por qué el Ejecutivo trata de ayudar a las economías familares más débiles sin eximirle del pago de impuetos tan gravosos como el IVA.
Aunque parezca paradójico, Galán se alinea así con Izquierda Plural al pedir una bajada del IVA en el recibo de la luz.
