Continúa la rueda de cambios en la alta dirección de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), responsable de poner en marcha la mayor infraestructura pública de la actual legislatura, el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca).

El grupo ha relevado a su hasta ahora director de Organización y Recursos Humanos, Jesús Horcajo, en un movimiento que fuentes sindicales atribuyen a “desavenencias con la presidencia” de Enresa, que ocupa desde junio de 2012 el exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega.

Según esas fuentes, Horcajo, que llevaba en el cargo desde agosto de 2012, había sido destituido de forma verbal a principios de verano, pero su relevo no se ha oficializado internamente hasta el pasado jueves.

Ese día, y a pesar de que fuentes oficiales de Enresa aseguraban que Horcajo permanecía en su puesto, el departamento de Recursos Humanos comunicó a la plantilla un nuevo organigrama “cuya puesta en práctica está prevista para el día 15 de septiembre” y en el que figura como responsable de recursos humanos un hombre de la casa, Carlos Rodríguez Aznar, que es el tercer responsable de ese área en los últimos tres años.

Horcajo, que tenía rango de director en Enresa desde el año 2005, permanece en la empresa, aunque como subdirector de Sistemas y Documentación. Dependía directamente del hasta hace unas semanas secretario general, Jesús Moreno Vivas, que ha sido destituido, en un movimiento que fuentes internas atribuyen a desacuerdos con la redacción de los pliegos del ATC que Enresa acaba de sacar a concurso para tratar de acelerar la construcción del silo nuclear.

La semana pasada, Enresa sacó a licitación el mayor contrato para el ATC, la ejecución de la Obra Civil Principal de las instalaciones nucleares de las Fases 0, 1 y 2 de la instalación, por un valor estimado de más de 272 millones de euros. Según el diario El País, la empresa ya contempla sobrecostes del 25% para la cimentación de la instalación con respecto a lo presupuestado inicialmente, por los requisitos que, de momento, ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Comité de El Cabril dice que la empresa "no actúa con transparencia ni legalidad ante sus trabajadores"

“Entendemos que estos cambios organizativos son los que han provocado la suspensión de las reuniones previstas de la negociación del Convenio Colectivo de Cabril [almacén de residuos de media y baja actividad en Córdoba] y hasta donde sabemos se han producido por desavenencias con la presidencia de Enresa”, explican fuentes del Comité de Empresa de la instalación cordobesa, que defienden la gestión del directivo cesado.

Horcajo, dicen, “intentaba desarrollar de forma participativa un Plan Personas (desarrollo de procedimientos de formación, incorporación, plan de carrera…)”. Las mismas fuentes aseguran que estos cambios “los llevan a cabo incumpliendo con el Art. 9 del Convenio Colectivo que indica la necesidad de consulta previa a la representación de los trabajadores”. “Nos ratificamos una vez más en nuestra denuncia de que Enresa no actúa con transparencia ni legalidad ante sus trabajadores”, señalan.

Desde su llegada al cargo, Gil-Ortega ha configurado un comité de dirección a su medida, convenientemente engordado para dar cabida a cargos de confianza. En 2013, los altos directivos de Enresa cobraron 681.000 euros brutos, más del triple que un año antes, por el aumento del número de miembros del comité de dirección, que (si no se cuenta al presidente), también se triplicó el año pasado, al pasar de dos a seis componentes.

La empresa creó una nueva dirección de auditoría, bajo la dependencia directa de Presidencia, cuyo responsable es Diego Valle Aguilar, el que fuera primer (y breve) consejero de Economía y Hacienda (entre junio de 2011 y enero de 2012) en el Gobierno de María Dolores de Cospedal, la gran valedora de Gil-Ortega.