La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha contratado los servicios de la Radiotelevisión pública castellano-manchega (RTVCM) para promocionar su actividad, que actualmente gravita en gran medida en el mayor proyecto de sus 30 años de historia, el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que construirá en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).
El pasado 27 de marzo, la empresa presidida por el exalcalde de Ciudad Real, exsenador y exvicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Gil-Ortega, persona muy cercana a la presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, adjudicó al ente público de esa región, por el procedimiento abreviado, un contrato de “servicios para la difusión y comunicación de la labor de Enresa”.
No ha sido posible contactar con Enresa para conocer las características del contrato (el pliego de condiciones no se ha hecho público), que tendrá un periodo de ejecución de un año y por el que RTVCM cobrará 49.250 euros brutos, que sumando los impuestos ascenderán a 59.592,5 euros.
Enresa, posiblemente la empresa pública con mayor caja de España y cuyo director de comunicación, Carlos Dávila, es buen conocedor del medio televisivo y radiofónico, tendrá así un potente altavoz para hacer llegar a los contribuyentes castellano-manchegos los progresos del ATC a través de RTVCM, cuyo director general es Ignacio Villa, hombre de la absoluta confianza de Cospedal.
Pese a que a mediados del mes pasado Gil-Ortega aseguró que el proyecto va "bien, según lo previsto", algunos datos apuntan en sentido contrario.
Por esas mismas fechas, Enresa encargó un estudio geotécnico que incluirá la realización de otros 85 sondeos en la parcela elegida para ubicar el almacén con el objetivo de detectar “posibles riesgos o anomalías geotécnicas derivadas del comportamiento del terreno”, de forma "no queden dudas de cuál es la solución más óptima de acuerdo con la naturaleza y características” de la parcela.
La empresa quiere descartar así “la posibilidad de colapso/hundimiento/elevación del emplazamiento y de licuefacción” de la parcela elegida.
El riesgo de que el emplazamiento elegido requiera de cimentaciones especiales para sortear posibles cavidades en el subsuelo disparará el coste de una instalación multimillonaria cuya génesis ya ha provocado las primeras fricciones entre la empresa y su accionista la SEPI, por mucho que a Enresa no le consten.
La localidad conquense, la peor opción desde el punto de vista geológico entre las finalistas para ubicar el almacén, fue la elegida por el Gobierno en una decisión política atribuida a la propia presidenta castellano-manchega. El proyecto inicial de ATC tenía un coste previsto de unos 700 millones y la última estimación alcanza los 900 millones de euros.
