Moncloa está muy preocupada por la mala acogida que ha tenido en la opinión pública la aprobación del nuevo sistema de fijación de los precios de la electricidad, que entró en vigor este martes. Críticas desde todos los frentes (grupos políticos, organizaciones de consumidores, compañías eléctricas…) han llovido en las últimas semanas sobre la iniciativa del ministro de Industria, José Manuel Soria, por imponer a toda prisa un nuevo sistema sin que las distribuidoras y comercializadoras estén preparadas para aplicarlo.
Para cambiar la “mala prensa” del Real Decreto que sienta las bases del nuevo recibo de la luz, Moncloa ha preparado un argumentario simple (y simplista) destinado a los diputados y cargos del PP y a los tertulianos afines que diariamente abarrotan las radios y televisiones.
Dada la complejidad del nuevo mecanismo para fijar el precio de la luz, la Secretaría de Estado de Comunicación ha preparado un Pregunta-Respuesta que ayude a los que crean opinión a explicarlo, obviamente en positivo. Con mensajes directos y claritos, para que lo entienda hasta un niño, Moncloa informa de que “el nuevo sistema de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) cambia el modo por el que se calcula el precio de la energía en la factura del pequeño consumidores: antes se fijaba mediante una subasta trimestral y ahora se facturará a partir del precio del mercado de la electricidad”.
El documento pone en valor los grandes ahorros que, según Moncloa, obtendrán los consumidores con el nuevo sistema, frente a los sobrecostes de 1.600 millones que han pagado en los últimos cinco años
“Tiene como objetivo abaratar el coste de la energía, mejorar la competencia y aumentar la transparencia y la capacidad de elección del consumidor a la hora de contratar la electricidad”, prosigue el documento, que se esfuerza en enterrar “el anterior sistema de subastas, que fijaba un precio para todo un trimestre, lo que ha implicado un coste para el consumidor, en los últimos cinco años, de más de 1.600 millones de euros”.
Lo que no dice el argumentario es que tanto la extinta CNE, ahora integrada en la CNMC, como la CNMV pidieron por activa y por pasiva, trimestre a trimestre, el cambio del sistema de subasta. Ni el Gobierno de Zapatero ni el de Rajoy le hicieron caso, hasta que en diciembre pasado, el incontrolado subidón del precio de la electricidad en la subasta trastocó los planes del Ejecutivo para vender para el nuevo año una bajada del precio de la luz a las atribuladas economías familiares.
La CNE alertó en reiteradas ocasiones de las distorsiones de precios provocadas por las subastas, pero ni el Gobierno de Zapatero ni el actual les hizo caso
Industria y la CNMC tuvieron que intervenir de urgencia para arreglar el desaguisado y en 2014 ya no habrá subastas ni sobrecostes, según Moncloa.
Sí que habrá grandes “ahorros para los consumidores”, defiende el argumentario, que los cifra en “500 millones de euros en el primer trimestre, 200 por la diferencia entre los 62 euros/megavatio hora de la subasta anulada y los 48 euros fijados por el Gobierno; y 300 por la diferencia entre los 48 euros y los 26 aprox. del mercado”.
Queda claro que es el Gobierno el que salvará a los consumidores de seguir sufriendo con el recibo como lo han hecho durante los años de la crisis, en los que la tarifa de la luz se ha disparado más de un 70%, colocando a España como el tercer país más caro de la UE, sólo por detrás de Chipre e Irlanda.
El argumentario presume de los ahorros del nuevo sistema frente a los 62 euros MW/h que marcaba la subasta, que gracias al Gobierno y al mercado se han visto reducidos a sólo 26 euros
El documento de dos páginas recuerda que el sistema entra en vigor el 1 de abril y que las empresas tendrán de plazo hasta el 1 de julio para aplicarlo. También avisa de que “los consumidores no tendrán que hacer nada ni cambiar su contador. Simplemente, en su factura, se les cobrará el precio de la energía del mercado, sin costes extra. Este precio será promedio si no se tiene un contador inteligente y por horas cuando éste esté instalado y conectado”.
Además, se hace hincapié en la devolución por los ahorros de 300 millones obtenidos por el nuevo sistema y se presenta una factura tipo de 50 euros, pero tan simplificada que no detalla qué se paga por cada componente de los peajes, los costes regulados.
No se detalla que del 45,9% (datos oficiales de Industria, aunque la factura tipo del argumentario recoge un 41,2%) que suponen los peajes en el recibo, el transporte y la distribución pesan sólo un 3,8% y un 12%, respectivamente.
La mitad de esos peajes lo representan las primas a las renovables (21,4%), mientras el resto (extrapeninsulares, ayudas al carbón…) pesan un 8,7%.
