El sector nuclear europeo tiene puestos sus ojos sobre España. Hasta ahora, la polémica sobre el cierre y posible apertura de la central de Garoña se había manejado en clave nacional. El Ministerio de Industria, Endesa, Iberdrola, los partidos políticos, los grupos ecologistas y en última instancia, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han sido los protagonistas del vodevil del verano, que hasta ahora no había traspasado las fronteras.
Y en el medio, la central burgalesa y sus casi 300 empleados, siendo moneda de cambio de las luchas entre Gobierno y eléctricas por la reforma eléctrica, mientras al CSN se le ha endosado un papel de comparsa que, al final, ha terminado por estallar.
La guinda de todo el desaguisado la ha puesto el último Pleno del CSN, celebrado el martes, y el durísimo voto particular de la consejera Cristina Narbona, hasta el punto de que el lío sobre Garoña ha acabado por oírse más allá de los Pirineos.
Fuentes solventes del sector nuclear español han confirmado a Vozpópuli que los cambios normativos realizados por el Gobierno para permitir la reapertura de Garoña y la alerta levantada por Narbona sobre la inseguridad nuclear en España han provocado “cierta preocupación” en algunos miembros de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y también en Bruselas.
La consejera nombrada a propuesta del PSOE denunció en su voto particular que los cambios normativos impulsados por Soria no son acordes con “las buenas prácticas reguladoras recomendadas por el OIEA” ni con “la Directiva 2011/70/Euratom” ni el buen hacer de los Estados miembros.
Narbona deja claro que, en su opinión, las modificaciones del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), usadas por Industria para colar un párrafo que permitirá reabrir Garoña, “no proporcionan esa mayor seguridad exigida por la directiva europea”.
Por qué se modifica una norma a última hora si con que Garoña pida una nueva autorización y el CSN informe favorablemente sería suficiente, se preguntan algunos técnicos
Así que ya hay técnicos en Bruselas y en la OIEA que han tomado nota de las denuncias de Narbona. “Hay preocupación porque aunque no ha pasado nada grave, desde Bruselas se ve el juego del Gobierno y las eléctricas con Garoña como un poco de república bananera, porque como dice Narbona no hubiera sido necesario andar tocando normas sobre seguridad nuclear y gestión de residuos para colar un párrafo a última hora que permita reabrir la central. Hubiera sido tan fácil como que los propietarios pidan una nueva autorización a Industria para explotar la central y el CSN informe favorablemente”.
Narbona alerta en el punto 13 de su argumentación que “el proceso (…) no está siendo coherente para suscitar confianza, credibilidad y buenas prácticas en materia de seguridad nuclear y radiológica, que es lo que recomienda el OIEA”.
Máxime después de Fukushima. Los organismos internacionales han intensificado su vigilancia sobre el parque nuclear mundial, especialmente sobre centrales de 40 años de vida o más, como es el caso de Garoña. Y la central burgalesa es segura, como ha certificado el CSN, pero la manipulación de las normas nucleares para satisfacer ciertos intereses en el marco de unas negociaciones entre el Gobierno y el sector eléctrico ha provocado “un vacío legal” y ha supuesto “una mala praxis regulatoria”, lo que ha suscitado la atención de las instancias internacionales, algo que hasta ahora no había ocurrido pese a la permanente polémica sobre Garoña desde que Zapatero anuncio su cierre en 2011.
