El Gobierno colombiano manifestó tras la intervención de Electricaribe, la filial de Gas Natural en el país latinoamericano, que las negociaciones con la compañía en pos de encontrar una solución a la grave situación financiera en la que se encuentra no se habían roto. Pero aunque restan dos meses para que venza el plazo marcado por el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones Bilaterales entre España y Colombia, el Ejecutivo de Santos no parece muy dispuesto a que el control de Electricaribe vuelva a manos del grupo español. Puede, incluso, que ni siquiera el contrato que opera.
Por lo pronto, el Gobierno local ya está buscando alternativas por si el proceso de intervención finaliza en una liquidación de Electricaribe. La entrada de otro operador para suministrar energía a la región del Atlántico, donde viven en torno a 2,5 millones de personas, se presenta como una opción que, cada vez, cobra más fuerza y que deja a Gas Natural en una complicada situación.
El presidente de la Cámara Colombiana de Energía, Andrés Taboada, analizó en la prensa local las opciones con las que cuenta el Gobierno a la hora de adjudicar el contrato que ahora opera Electricaribe a otra compañía. En el horizonte aparecen hasta tres opciones.
Paradójicamente, una de ellas pasa por una empresa que, en su día, estuvo participada mayoritariamente por Unión Fenosa, antes de que fuera comprada por Gas Natural. Se trata de Electrificadora del Pacífico, de la que la compañía gasista se desprendió al tomar el control de Fenosa, en el marco del programa de venta de activos que acometió para aligerar deuda y digerir la operación. La transacción se realizó por unos 1.100 millones de euros.
Otra de las candidatas, Electrificadora de Boyacá, está controlada por el fondo Brookfield, que a comienzos de este año adquirió la sociedad Isagén, accionista principal de la eléctrica. Por último, la Compañía Energética de Occidente, que cuenta con el grupo financiero local Aval como propietario, es la tercera alternativa para sustituir a Electricaribe.
Por el momento, el Gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre el futuro de la empresa ni el proceso de intervención, al que ha calificado como “muy complejo”. Sin embargo, las posiciones que se van tomando parecen indicar que los días de Electricaribe como operador de la región están contados.
A última hora de este miércoles, hora española, se produjo una reunión entre el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y responsables de las administraciones públicas de la región. Una de las demandas de estos últimos fue que el proceso de intervención de Electricaribe derive en una mejora del servicio y en la llegada de un nuevo operador.
Situación financiera
La intervención se produjo debido a la delicada situación financiera de la filial de Gas Natural, asfixiada por una deuda superior a los 1.300 millones de euros derivada en su mayor parte de facturas impagadas y los efectos del fraude en el consumo de energía. Esta situación impedía a Electricaribe afrontar las inversiones comprometidas e incluso las compras de electricidad a las generadoras en las últimas semanas.
Mientras que el Gobierno colombiano exigía a Gas Natural inyectar capital a la empresa para poder atender a los pagos, el grupo español pedía cambios en el sistema para evitar que los impagos masivos (muchos de ellos protagonizados por instituciones públicas como hospitales, ayuntamientos y colegios) hicieran inútiles los esfuerzos por capitalizar Electricaribe.
La negociación no prosperó, Gas Natural se plantó y el Gobierno colombiano decretó la intervención. Mientras, la compañía se prepara para una futura expropiación o liquidación. Parece abierto el proceso para elegir un nuevo operador en la zona.
