Las cuentas no salen: la central nuclear de Garoña, cuyo cierre en julio de 2013 dio por hecho el Gobierno el pasado viernes al no haber presentado su titular, Nuclenor, la solicitud de prórroga para su explotación, generaría unas pérdidas acumuladas de unos 600 millones de euros (a razón de más de 98 millones anuales) entre 2013 y 2019, fecha en la que habría cerrado la planta de haber solicitado Iberdrola y Endesa (propietarias de Nuclenor) la extensión de su periodo de funcionamiento.
Según fuentes del sector, si se aplicara la reforma energética que ha planteado el Ministerio de Industria, la central burgalesa, la más antigua de las que operan en España y gemela de uno de los reactores de la planta de Fukushima (Japón), estaría muy lejos de ser rentable.
El mayor impacto provendría de la tasa de 10 euros por megavatio (MW)/hora producido que contempla el borrador de Industria que se filtró en julio pasado, y que costaría a la planta 37 millones de euros anuales; el incremento de la tasa que financia la gestión de los residuos nucleares que realiza la entidad pública Enresa tendría un coste de 19 millones al año; y el impuesto a la generación eléctrica tradicional, unos 7 millones de euros anuales. A esos costes se sumaría la ecotasa anunciada por el Gobierno de Castilla y León, que tendría un coste estimado para la central de 14 millones al año, y las inversiones que, tras la catástrofe de Fukushima, exigía el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para autorizar la prórroga, de unos 120 millones de euros (a razón de 20 millones anuales para el periodo 2013-2016).
En el último trieno, Garoña (para la que Endesa e Iberdrola exigían 1.000 millones en concepto de lucro cesante tras la decisión del anterior Gobierno de clausurarla en 2013) ha arrojado unas pérdidas acumuladas de 4 millones de euros: aunque el año pasado logró un beneficio neto de 11 millones, en 2010 y 2009 registró unas pérdidas de 13 y 2 millones, respectivamente, por las inversiones que llevó a cabo la planta para garantizar su continuidad, de cara a una prórroga que las circunstancias han truncado.
Primero, la extensión del periodo de funcionamiento de la planta fue impedida por el anterior Gobierno (que, en contra del criterio del CSN, decretó su cierre para julio de 2013), y luego la han descartado las propias empresas. El argumento es, aseguran las compañías, la inseguridad jurídica que propicia la no aprobación de la reforma por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que hizo de la extensión del permiso de Garoña una de sus banderas.
En el entorno de las empresas se asegura que la situación de Garoña todavía podría ser “reversible”, si se desvelara por fin el contenido de la reforma energética (que persigue acabar con el gigantesco déficit de tarifa acumulado), y esta fuera menos lesiva para sus intereses. Cuando comunicó que no pediría la prórroga, Nuclenor ya señaló que “en caso de que se despejaran” las incógnitas en torno a la viabilidad económica de la central, estaría “en condiciones de solicitar la renovación puesto que técnicamente reúne todos los requisitos para seguir operando de una manera fiable y segura”. Sin embargo, el Gobierno sostiene que esa posibilidad se extinguió el pasado 5 de septiembre, cuando finalizó el plazo para solicitar la prórroga.
