La amenaza de una huelga que deje bajo mínimos los aeropuertos españoles vuelve a cobrar una fuerza inusitada. El último consejo de administración de IAG, el holding que engloba a Iberia con su socio British Airways, ha provocado un cambio en el tono de las negociaciones que la aerolínea mantiene con los sindicatos como consecuencia del ajuste laboral que la compañía quiere cerrar antes de que finalice el mes, hasta el punto de que no ha sido capaz de confirmar a los trabajadores si respetará los acuerdos a los que llegaron ambas partes a mediados de diciembre en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
La inquietud ha vuelto a trasladarse al Gobierno, consciente de que la falta de una respuesta firme de Iberia en la reunión de hoy conduciría de forma prácticamente irremediable a una huelga en la que los sindicatos están dispuestos a “parar el país”.
Los repetidos llamamientos del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Fomento, contribuyeron a evitar los paros que los sindicatos llegaron a convocar para la semana previa a las fiestas navideñas e incluso los que pretendían convocar para la segunda semana de enero y que ni siquiera vieron la luz. Sin embargo, la inflexibilidad de IAG ha provocado que la situación vuelva a estar más cerca del conflicto y al Gobierno se le terminan las balas.
La convocatoria de un consejo de administración extraordinario por parte de IAG para el viernes terminó por hacer temer a los sindicatos de que la situación volvía a torcerse. El día de antes, 31 de enero, es el marcado por el holding como el límite para llegar a un acuerdo y los trabajadores sospechan que si no hay tal acuerdo, se ejecutará el ajuste prácticamente ‘manu militari’.
La actuación del Gobierno
La estrategia de los sindicatos se diseñará tras conocerse el resultado de su reunión con Iberia, en la mañana de hoy. Pero cualquier respuesta tibia de la aerolínea desencadenará las movilizaciones de unos sindicatos que estiman que en este proceso ya han cedido demasiadas veces sin obtener resultados.
Los trabajadores considerarían muy grave que, a la hora de llevar a cabo el ajuste, no se tengan en cuentan los puntos acordados en el acuerdo del SIMA, toda vez que se trata de un documento firmado por representantes de la dirección de la aerolínea, incluido uno de sus consejeros, Sergio Turrión. Su incumplimiento abriría la posible vía de los tribunales.
Uno de esos puntos establece que tendrá prioridad el ERE actualmente vigente en la compañía para tramitar los despidos que se lleven a cabo en el ajuste, lo que lo encarece de forma significativa. Por ahí no está dispuesto a pasar IAG, como ya manifestó en el consejo de la semana pasada y volverá a hacerlo en el de mañana.
La papeleta también está en manos del Gobierno, decididamente implicado en el proceso desde el primer momento y que se ha reunido de forma reiterada con la dirección de la compañía y los sindicatos para que llegue a buen puerto. Pero por entonces había un tiempo que ahora se termina.
