De vuelta de todo tras ver cómo el PSOE guardaba en 2005 en un cajón su Libro Blanco con propuestas para la reforma del sector eléctrico, una iniciativa que irónicamente (y a estas alturas) ahora los socialistas se plantean recuperar, el experto en energía José Ignacio Pérez Arriaga se ha despachado esta semana sin contemplaciones contra “la reforma definitiva de los problemas del sector eléctrico en nuestro país”, como la definió al presentarla la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 12 de julio.
Pérez Arriaga, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, exprofesor del MIT y exasesor de la Comisión Europea en materia energética, habló alto y claro durante la presentación, el pasado viernes, del Informe sobre Energía y Sostenibilidad en España 2013 de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible, de la que es director, al lamentar "la total falta de dirección” de la reforma del Ministerio de Industria en materia de sostenibilidad, un paquete de medidas que, criticó, sólo persigue eliminar, y además sin éxito, el llamado déficit de tarifa.
El académico recordó que la nueva Ley del Sector Eléctrico “no establece el mecanismo fundamental e imprescindible” para eliminar ese desfase entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico, “que la tarifa se calcule transparentemente a partir de todos los costes y precios previstos en el sistema y que no se fije por el Gobierno”.
“No es de extrañar”, dijo, que el agujero de 2013 haya sido superior a lo previsto. El profesor recordó que la segunda recomendación de su libro blanco era acabar con un déficit “que entonces era de 1.500 millones de euros” y que ahora ronda los 30.000 millones.
Casi al mismo tiempo que el ministro de Industria, José Manuel Soria, presentaba el nuevo mecanismo de fijación de las tarifas de la luz, Pérez Arriaga reprodujo buena parte de las conclusiones del estudio anual de la cátedra que dirige, que comenzó a editarse en 2004: así, “desgraciadamente”, señala el informe, los últimos cambios normativos “siguen sin garantizar la consecución de un modelo energético sostenible, y antes bien consagran el carácter ya denunciado en otros informes previos de inseguridad jurídica, falta de transparencia e improvisación de las políticas energéticas de los últimos tiempos”.
Pérez Arriaga apostó por promover las energías renovables, por mucho que su promoción en el pasado haya tenido un resultado “desastroso” por su elevado coste, y en especial por la solar, que "es la que nos va a sacar del atolladero".
“El radical cambio a un modelo energético sostenible sólo es posible con masivas inversiones de capital privado en tecnologías limpias, que solamente tendrán lugar si los inversores perciben unas señales económicas fuertes, que permitan esperar una rentabilidad atractiva, y con una clara perspectiva de estabilidad”.
Ese objetivo requiere “voluntad política, las instituciones adecuadas y una tradición de respeto al estado de derecho, que animen a esos inversores (que pueden poner su dinero en cualquier parte del mundo y en cualquier actividad) a invertirlo en energías limpias en España. Desgraciadamente, ninguna de esas condiciones se da actualmente”.
Entre los pocos aspectos positivos de la reforma destacó el mayor peso del término de potencia con respecto a la energía en la facturación que, dijo, "va en la dirección correcta aunque puede perjudicar a las familias modestas con consumos más bajos"; y del nuevo sistema diario de tarifas, una medida de trazo "grueso", dijo que habrá que esperar a los contadores horarios para valorar su efectividad.
El que fuera consejero de la antigua Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), antecesora de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) también se hizo eco de una de las conclusiones del informe al lamentar, en presencia de varios exconsejeros del antiguo regulador energético (alguno nombrado por el PP, que asistió complacido), la creación de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC).
“Una de las medidas más desafortunadas de la actual legislatura”, que ha servido para “colocar a personas afines en puestos prominentes” y que “destruye el saber hacer de instituciones con más de 20 años de existencia”con la consiguiente pérdida de independencia de los organismos reguladores.
El informe, que analiza datos de 2012, señala que en ese ejercicio continuó "la tendencia observada en 2011 de empeoramiento desde la perspectiva de la sostenibilidad energética", tras el aumento de las emisiones en España, la mayor dependencia y las subidas de precios. "Es difícil encontrar algo que vaya bien", resumió el coordinador de la cátedra, Pedro Linares.
