Miguel Ángel Ramírez, presidente del equipo de fútbol UD Las Palmas, uno de los empresarios canarios más conocidos, declara el lunes como imputado por presunto cohecho en el conocido como caso KPanda, que investiga supuestos pagos realizados por 13 empresas a dos tenientes coroneles, que fueron detenidos, los cuales habrían aportado información a dichas compañías sobre concursos organizados por el Ministerio de Defensa.
Entre las empresas imputadas por el Juzgado Togado Militar Central número dos se encuentra Seguridad Integral Canaria, presidida por Miguel Ángel Ramírez. La compañía del presidente del equipo de fútbol canario se adjudicó un contrato de seguridad por 18 millones de euros al año con el Ministerio de Defensa, y cuenta con otros contratos con organismos públicos como Metro de Madrid o Patrimonio del Estado.
De acuerdo a fuentes conocedoras de la investigación la compañía de Ramírez fue la que denunció el caso ante la Guardia Civil. Según las mismas fuentes un "colaborador" de Seguridad Integral Canaria grabó a los mandos del ejército en conversaciones en las que se acordaban determinados pagos por información sobre los concursos siguiendo instrucciones del Centro Nacional de Inteligencia. Distintas fuentes sostienen que Seguridad Integral Canaria denunció la supuesta extorsión después de discutir con los tenientes coroneles sobre el precio por los servicios de asesoramiento recibidos.
Ramírez es uno de los empresarios canarios que más relación ha mantenido con el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, que fue alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 1995 hasta 2003 y Presidente del Cabildo insular de Gran Canaria entre 2003 y 2007. Por sus cargos en Canarias el ministro de Industria ha compartido en varias ocasiones palco en el estadio de la UD Las Palmas junto a Ramírez. En 2013 Soria inauguró un concesionario de BMW de Ramírez en la isla, del que dijo que era "el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”.
El diario El Mundo publicó el pasado mes de julio que según un informe de la Inspección de Trabajo la empresa de seguridad de Ramírez acumula un fraude al Estado cercano a los 21 millones de euros al haber pagado salarios en dietas, exentas de tributar y cotizar.
Las fuentes consultadas sobre el caso KPanda subrayan que la imputación de las 13 empresas contratistas de Defensa, entre las que también se encuentra Clece, del grupo ACS, es "provisional", y que los concursos organizados por el ministerio se resuelven por subasta electrónica "lo que hace muy difícil que puedan ser manipulados". Antonio Suárez-Valdés, del despacho Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, abogado de uno de los tenientes coroneles detenidos, indicó en una conversación mantenida con Vozpópuli que la imputación de empresas privadas por parte de un juzgado militar "tiene poco encaje".
