El ejercicio 2012 será recordado como el año en el que las denominadas autopistas de peaje de última generación hicieron estallar una nueva burbuja que se había generado al calor de unas concesiones que habían visto la luz más de diez años antes. Unas previsiones de tráficos excesivamente generosas, sobrecostes de expropiaciones que rozaron los inimaginable y las consecuencias de la crisis económica fueron los ingredientes de un cóctel cuyo resultado se resume en cifras apabullantes: cinco concesionarias en concurso, seis vías implicadas, más de 3.000 millones de deuda… y unos 550 millones de euros de pérdidas registradas sólo en el último año.
De las seis autopistas de peaje que se han visto afectadas por el concurso de acreedores de las sociedades concesionarias, tres son del grupo de las radiales de Madrid, cuyo propósito inicial era la descongestión del tráfico de las principales autovías que parten de la capital de España.
En esta situación se encuentra Autopista Madrid Sur, concesionaria de la R-4, que parte de la autopista de circunvalación M-50 para enlazar con la A-4 a la altura de la localidad toledana de Ocaña. La concesionaria, participada por Ferrovial, Sacyr y Bankia, cerró 2012 con números rojos de 267 millones de euros. El pasado mes de septiembre presentó concurso de acreedores con un pasivo de 575 millones de euros después de haber logrado de la banca cuatro aplazamientos del pago de la deuda sin lograr encontrar la solución para afrontarlo.
Las otras dos radiales que se encuentran en esta situación son la R-3 y la R-5, ambas bajo el paraguas de la concesionaria Accesos de Madrid. La compañía finalizó el pasado ejercicio con pérdidas que se aproximan a los 100 millones de euros. Su pasivo al presentar el concurso de acreedores se iba por encima de los 665 millones de euros.
Más allá de las radiales
La compañía está participada por Abertis, Sacyr y ACS como principales accionistas, que se ocuparon de llevar a cabo los proyectos. El de la R-3, una vía de peaje para descongestionar el tráfico de la carretera de Valencia, desde la M-40 hasta unirse con la A-3 en Arganda del Rey. El de la R-5, hacer lo propio con la A-5 (Madrid-Badajoz) hasta la localidad madrileña de Navalcarnero.
Entre el resto de las concesionarias que se declararon en concurso de acreedores en 2012 destaca también por sus números rojos el caso de la responsable de la AP-36 (Ocaña-La Roda). Inversora Autopistas de Levante, participada por Ferrovial y Sacyr, registró unas pérdidas en 2012 de casi 95 millones de euros, después de ser la última de las concesionarias que, por el momento, recurrió a la figura de la antigua suspensión de pagos, con un pasivo de 522 millones de euros.
La AP-41 (Madrid-Toledo) fue la primera en declararse en bancarrota mientras que la Cartagena-Vera se ha visto además afectada por las riadas que provocaron numerosos daños en la región de Murcia. La suma de las pérdidas registradas por ambas durante 2012 alcanza los 90 millones de euros.
Entre la espada y la pared
Mientras, el Ministerio de Fomento sigue negociando los términos del rescate de las concesionarias en concurso más otras que se encuentran en serios apuros. No será tan fácil como estaba previsto pero al Ejecutivo no le quedan muchas más alternativas.
El riesgo de que las sociedades en concurso comiencen a ser liquidadas y, finalmente, sea el Estado el que tenga que asumir la deuda como responsable final de la concesión es latente y supondría un muy duro golpe al objetivo fundamental de reducir el déficit pese a la tregua de dos años más que ha concedido Bruselas para situar el desequilibrio de las cuentas públicas en el 3%.
