El rescate de las concesionarias de autopistas en quiebra sigue dando quebraderos de cabeza al Gobierno, aunque parece tener claro la fórmula de la crear una sociedad de titularidad pública para aglutinar los activos en problemas. Sin embargo, la medida está siendo estudiada con mucha precaución en Fomento debido a que Bruselas tiene sobrados argumentos para considerar estos planes como ayudas ilegales de Estado.
En el transcurso de unas jornadas organizadas por el despacho de abogados Olswang se puso de manifiesto que el diseño de un plan salvador para las autopistas de peaje con problemas financieros se encuentra en una complicada encrucijada entre los accionistas de las concesionarias, que no están de acuerdo con la composición de la sociedad que propone el Gobierno, y la normativa comunitaria.
Bernardo Hernández, consejero del Comité Económico y Social Europeo, señaló que aunque no todas las ayudas son ilegales, el Ejecutivo español debería hilar muy fino para evitar que la Comisión Europea tumbe el rescate de las autopistas. “Si un Estado actúa en busca de la rentabilidad de una actividad económica, como puede ser el caso, estaría actuando como un inversor al uso. Por lo tanto, las ayudas a las concesionarias serían consideradas ilegales”. Hernández consideró que la intervención del Estado siempre es un riesgo en este sentido.
Otro de los problemas con los que cuenta Fomento en su plan desde el punto de vista de Bruselas es que la mayoría de las concesionarias se encuentran ya en situación de concurso de acreedores. El socio director de Olswang en Madrid Francisco Javier Vasserot recordó que si el Gobierno decidiera finalmente el rescate mediante la creación de la sociedad pública autopistas “no seguiría los pasos que daría una empresa tradicional”, que consistirían en tratar de negociar un convenio con los acreedores o bien proceder a la liquidación si lo primero no es posible.
Una losa de 3.500 millones
Pero en el caso de las autopistas de peaje, su liquidación supondría una carga para el Estado, que debería asumir el pago de las garantías establecidas en los pliegos de licitación para los casos contemplados en que la concesionaria se declarara en concurso de acreedores. Una cifra que con la quiebra de siete concesionarias ya supera los 3.500 millones de euros.
De esta forma, Bruselas tendría fácil interpretar que la intervención del Estado se trata de una forma tanto de auxiliar a las concesionarias como de penalizar a los bancos que han proporcionado la financiación, pues probablemente deberán asumir quitas. Es decir, una ayuda de Estado ilegal en toda regla.
Otro de los aspectos que podría chocar con las doctrinas de Bruselas es la forma de aplicar la solución. Ante la falta de acuerdo con los accionistas de las concesionarias en relación a las características de la sociedad que aglutinaría los activos, el Gobierno ha señalado que podría establecer esta medida por decreto.
Sin embargo, José Joaquín Jerez, letrado del Consejo de Estado, ha recordado que “el Tribunal de Estrasburgo ya tiró de las orejas a España por realizar una expropiación a golpe de Real Decreto Ley” (en relación con el caso de Rumasa). Jerez matizó que el Tribunal no entró a debatir la conveniencia de la medida sino las formas. “Hacer algo mediante Decreto Ley supone quitar legitimidad a las partes para luchar contra ello porque pasaría a litigarse por vía constitucional y no por vía ordinaria”.
