Joaquín Rivero falleció el domingo en Jerez, su ciudad natal. El empresario fue ingresado la pasada semana por una enfermedad degenerativa neuronal, informan fuentes cercanas al expresidente de Metrovacesa. Rivero fue el máximo representante del boom que vivió el sector inmobiliario español entre finales de los años noventa y 2007, llevando a cabo operaciones nunca vistas antes en la industria española del ladrillo y convirtiendo a Metrovacesa en una de las grandes inmobiliarias europeas. Rivero fue el maestro de otros conocidos empresarios inmobiliarios, como Luis Portillo, o Domingo Díaz de Mera. Su enfrentamiento con la familia Sanahuja por el control de Metrovacesa movilizó miles de millones de euros e inició el declive del grupo, que en la actualidad, controlado por Santander, se ha unido a la socimi Merlin para crear la primera inmobiliaria española.
Sus últimos años estuvieron marcados por la explosión de la burbuja inmobiliaria, la entrada en concurso de acreedores de su empresa, Bami, la pérdida de la francesa Gecina, su imputación por presunto empleo de información privilegiada, o su condena en Francia por operaciones sobre Gecina.
Con el fallecimiento de Rivero se pone fin a una época de hacer negocios en el sector inmobiliario español en el que destacaban empresarios como los mismos Rivero, Portillo, Sanahuja y Díaz de Mera, y otros tantos como El Pocero, la familia Nozaleda, la familia Soler, Rafael Santamaría, Manuel Jove, o Fernando Martín, frente al anonimato de las socimi y fondos de inversión que en la actualidad controlan el sector en España.
Joaquín Rivero (Jerez, 1943) llevó a cabo aguerridas operaciones inmobiliarias que marcaron un nuevo estilo en la industria del ladrillo española, adquiriendo empresas que a otros parecían inexpugnables y plantando cara a grandes fondos, bancos, y otros empresarios. A mediados de los años noventa se hizo con la inmobiliaria Bami adquiriendo la participación que Banco Central Hispano tenía en la compañía. A través de Bami lanzó, en el año 2000, una opa sobre Zabálburu, cuatro veces mayor. Y a través de la nueva Bami se hizo con Metrovacesa, en 2002, entonces controlada por BBVA. Un año después Rivero afrontó una opa hostil sobre Metrovacesa dirigida por los empresarios italianos Francesco Gaetano Caltagirone y Alfio Marchini. Joaquín Rivero neutralizó la embestida con el apoyo de algunos de los empresarios más representativos del boom inmobiliario español, Sanahuja, Portillo, Díaz de Mera, y Bautista Soler.
En 2005 Metrovacesa lanzó una opa sobre la francesa Gecina, una de las mayores inmobiliarias del país, una operación valorada en más de 5.000 millones de euros, inaugurando una etapa de inversiones frenética en el sector inmobiliario español. En 2006 la familia Sanahuja, que se había convertido en primer accionista de Metrovacesa, lanzó una opa para controlar la compañía y derrocar a Rivero. Pero este convenció al empresario valenciano Bautista Soler para responder con una contra opa. Finalmente Rivero y Soler se quedaron con un 16% y un 15% respectivamente de Gecina, y Sanahuja con Metrovacesa. Por el camino quedaron cientos de millones de euros involucrando en la pugna a entidades financieras o a empresarios como la familia Lara, que a través de Inversiones Hemisferio adquirió más del 5% del capital de la inmobiliaria desembolsando 632 millones; o el grupo cordobés Prasa. Rivero y los Sanahuja se acusaron mutuamente de espiarse, de falsear datos. Entre los miembros del consejo de administración de Metrovacesa que apoyó sin reservas a Rivero se situó Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores Cospedal.
Rivero se centró entonces en la participación que mantenía en Gecina, a través de Bami, que se declaró en concurso de acreedores en 2013. La mayor sociedad de capital riesgo del mundo, la estadounidense Blackstone, se lanzó a por la participación de los españoles en Gecina, que aunque trataron de blindarla no pudieron finalmente hacer nada por defenderla.
En los tribunales
El 22 de noviembre de 2011 la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Joaquín Rivero por entender que había obtenido "un beneficio ilícito de 2,8 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada", por la compra en 2005 de acciones de Metrovacesa. La querella de Anticorrupción derivaba de una investigación de la CNMV. El empresario jerezano siempre negó empleo de información privilegiada.
A principios del pasado año fue condenado en Francia a cuatro años de cárcel, tres de prisión firme, al ser hallado culpable de cargos que se le imputaban por su gestión al frente de la inmobiliaria Gecina, principalmente malversación y blanqueo.
