La expropiación de YPF a Repsol puede comprometer la sostenibilidad financiera de la petrolera argentina. La compañía admite, en el informe anual remitido ayer a la SEC estadounidense, que sus acreedores podrían ejecutar "una parte significativa" de sus préstamos, unos 1.600 millones de dólares (1.258 millones de euros), como consecuencia de la expropiación. La nacionalización, señala, podría suponer un "supuesto de incumplimiento" de las condiciones pactadas con los bancos en el momento de firmar esos préstamos.
La petrolera indica que el importe susceptible de ejecución para ese supuesto ascendía a 2.000 millones de dólares a cierre de 2011 y admite que los bancos podrían forzar una "aceleración" del calendario de devolución de sus créditos. Aunque el nuevo equipo gestor nombrado por Cristina Kirchner negocia "activamente" con sus acreedores, si no hay acuerdo, la empresa podría verse obligada a "devolver la totalidad o parte de la deuda pendiente" y podría afrontar "problemas de liquidez a corto plazo".
YPF asegura que, en el momento de redacción del informe (fechado el pasado martes), no ha recibido ninguna notificación en ese sentido. En el peor de los casos, dice, "podría obtener financiación adicional de distintas fuentes, incluyendo el cash flow de la compañía y líneas de crédito". El informe detalla el exigente calendario de vencimientos de deuda de YPF: de un total de 12.767 millones de pesos (unos 2.257 millones de euros), gran parte (el 63%, unos 1.434 millones de euros), le vencen en los próximos meses, y otros 362 millones, en un plazo de entre uno y dos años.
El interventor de YPF y ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, también reconoce que, tras la expropiación, YPF no cuenta con un comité de Auditoría acorde con la normativa bursátil estadounidense, y admite que podría ser expulsada del NYSE neoyorquino por ese motivo. Las acciones de la compañía se desplomaron ayer más de un 7% en bolsa.
Mientras, Repsol ha iniciado su ofensiva legal para intentar lograr una indemnización justa por la expropiación. Tras notificar el pasado martes a Kirchner la existencia de una “controversia” por esa decisión, paso previo a la petición de un arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), la española ha presentado una demanda contra el Ejecutivo argentino ante un tribunal de Nueva York. La denuncia se ha interpuesto ante el magistrado Thomas Griesa, conocido en Argentina por haber dictado varias sentencias a favor de los bonistas afectados por el 'default' de ese país en 2002.
En la demanda, Repsol y el fondo estadounidense Texas Yale Capital (accionista de YPF) exigen que se obligue al Gobierno argentino a lanzar una opa por la empresa expropiada, tal y como establecen los contratos firmados en su momento con el Ejecutivo argentino tras la privatización de YPF. Además, reclaman una compensación por los daños causados.
Por otro lado, el Gobierno de Kirchner prorrogó ayer, a través de un nuevo decreto, la intervención de YPF y su filial YPF Gas por un periodo de otros 30 días ante la “magnitud y complejidad” de la gestión de esas empresas. El ministro De Vido y el viceministro de Economía, Áxel Kicillof, continuarán compatibilizando sus cargos en YPF y en el Gobierno tras el nombramiento del nuevo consejero delegado, Miguel Galuccio. Ambos podrían abandonar sus puestos en la petrolera tras la junta de accionistas de YPF, prevista para el próximo 4 de junio.
