Dice una fuente de Industria que "si la reforma eléctrica ha cabreado (sic) a todo el sector, a todas las empresas, eso demuestra que está bien hecha". Pero el análisis sosegado de la reforma y sus reales decretos durante esta semana (se aprobó en Consejo de Ministros el viernes 12) arroja un paisaje después de la batalla que da pavor, coinciden en señalar no ya las empresas afectadas, que también, sino un innumerable grupo de expertos de todo pelo.
Porque el primer objetivo que buscaba la reforma era la eliminación del dichoso déficit de tarifa, el agujero de más de 26.000 millones de euros que se arrastra desde mediados de la década pasada porque el precio de la luz no da para pagar el coste de generar electricidad en España.
Y ese problema no se ha solucionado, más bien al contrario. El mismo día que se aprobaba la reforma en Moncloa, desde Industria se avisaba a las compañías eléctricas que serían ellas las que tendrían que asumir en sus balances de 2013 un déficit de tarifa de entre 2.500 y 3.000 millones.
Y en 2014, el techo para ese déficit fijado por ley es de 2.000 millones más, tope que como bien es sabido año tras año salta por los aires y acaba desbocado. Y ya no hay Fondo de Titulización que valga. Ese artilugio financiero creado en la época de Zapatero para sacar el déficit de tarifa de los balances de las eléctricas y colocarlo en los mercados ya se acabó.
La alarma ha sido general en los cuarteles generales de las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), esas empresas tan reguladas y tan poderosas que ahora no saben por dónde le vienen las descontroladas vías de agua de esa reforma que tanto tardó en llegar.
La reforma no se ha atrevido a meter mano al sistema de fijación de precios de la electricidad, que es perverso y el principal culpable de que la luz sea tan cara y el déficit de tarifa incontrolable
La reforma no se ha atrevido a meterle mano al sistema de formación de precios eléctricos, el pool, que artificialmente fija unos precios marginales desorbitados para tecnologías amortizadas como la nuclear o la hidráulica. Estas centrales producen a precios rayanos con el cero y cobran como la tecnología más cara (el gas). Así que se seguirá generando déficit sí o sí, porque es imposible que el recibo de la luz que pagan religiosamente los más de 25 millones de hogares españoles sufrague los costes eléctricos, por mucho que el Gobierno suba el precio de la electricidad.
Porque ahí viene la segunda derivada perversa de la reforma. No ataja, como había prometido, el problema del déficit de tarifa pero sí que institucionaliza las subidas del recibo. Antes era una medida impopular que los gobiernos evitaban, pero ya no. La luz seguirá subiendo trimestre tras trimestre.
Ahora en agosto lo hará un 3,2%, después llegará la revisión del 30 de septiembre para fijar el precio del último trimestre del año. Pero además, la orden de peajes que acompaña a la reforma energética aplica al recibo un subidón estratosférico en su parte fija, el término de potencia, que representa casi un 50% del total de la factura que bimensualmente nos llega a casa.
Algunos técnicos fijan en el 77% esa subida de la parte fija del recibo, otros lo dejan en el 50%. Sea de una forma o de otra, este fuerte incremento cuyo objetivo inicial era penalizar a las segundas residencias y las casas vacías, se va a trasladar al recibo y va a convertir a España en uno de los países de la UE con los precios más altos de la luz.
A partir de ahora, la luz siempre va a ser más cara porque Industria ha decidido que todos los peajes estén en la parte fija del recibo, que representa la mitad de lo que se paga en la factura
A partir de ahora, el recibo de la luz va a ser siempre más caro, porque independientemente de que el precio de la electricidad pueda bajar en alguna de las subastas la parte fija del recibo va a ser cada vez más gravosa.
Según la reforma eléctrica del ministro Soria y su equipo, los que van a pagar el supuesto fin del déficit de tarifa son las empresas y los ciudadanos, estos últimos no sólo a través del recibo sino también vía Presupuestos Generales del Estado (PGE). Eso sí, dependerá de lo que esté dispuesto a ceder el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque hasta ahora ha cedido bien poco.
La reforma ha llegado al Consejo de Ministros cercenada por el látigo de Montoro, que desde hace meses se opuso en rotundo a ceder a las presiones de Soria para que los PGE asumieran buena parte de los costes del sistema eléctrico. Las energías renovables, que cuestan más de 7.000 millones al año, y las extrapeninsulares (lo que se le paga a Endesa por producir la luz en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, no irán a los PGE como ha pedido en reiteradas ocasiones Soria.
Lo único que ha conseguido el ministro canario es un compromiso verbal (no escrito) de Montoro de que la mitad de los costes extrapeninsulares (unos 900 millones) se incorporarán en el otoño próximo a los PGE. Pero eso se verá en otoño, porque la prioridad de Montoro no es el déficit de tarifa sino cumplir con las duras exigencias de Bruselas y la troika sobre el déficit español.
Las renovables se quedan fuera de los PGE y se quedan fuera de todo. Porque lo que ha quedado claro tras esta reforma energética a medio hacer es que si algo tiene claro el Gobierno es que las energías verdes no deben de estar subvencionadas, o al menos a los niveles que lo estaban hasta ahora.
Soria ha laminado el modelo de primas para convertirlo en un sistema de rentabilidad razonable (7,5%) y controlable, ligada a la deuda pública. Los nuevos recortes al sector renovable, especialmente al fotovoltaico y al eólico (en menor medida al termosolar), dejan herido de muerte al sector. Hay 50.000 pequeños inversores pillados en los huertos solares, que tras los nuevos recortes están al borde de la quiebra.
El Gobierno tampoco ha querido revisar el sistema que permite que tecnologías como la nuclear o la hidráulica cobren la electricidad a los precio más altos pese a estar amortizadas sus inversiones
Y en el sector eólico, donde hay empresas de tanto peso como Iberdrola o Acciona, que pueden presionar al Gobierno (algo que no pueden hacer los pequeños inversores que depositaron sus ahorros en las placas solares), no entienden por qué los parques eólicos de más antigüedad serán penalizados de forma retroactiva en su retribución por considerarse inversiones amortizadas. ¿Qué ocurre con las centrales hidráulicas y las nucleares que se desarrollaron en los 70 y los 80, no están amortizadas?
La reforma, denuncian fuentes renovables, asesta un nuevo recorte a las primas renovables, pero aún así, el recibo seguirá pagando estas subvenciones porque Montoro se niega a llevarlas a los PGE. Mientras tanto, la avalancha de denuncias y recursos contra el Reino de España por parte de los fondos internacionales afectados se ha acelerado tras la nueva vuelta de tuerca en los ajustes a las renovables.
Y el sector de la generación eléctrica tradicional también sale tocado, aunque levemente. La reforma recorta los ingresos en la distribución y en el transporte, lo que se traducirá en más ajustes por parte de las compañías eléctricas en sus inversiones y mayores riesgos de apagones. Lo veremos en los próximos años.
Ni Endesa ni Iberdrola ni GNF ni la propia REE, que ha estado asesorando a Industria en el diseño de la reforma, saben aún cuánto les van a caer sus ingresos. Todo está patas arriba y en el aire, lo que ha generado tantas dudas en los inversores que las caídas en Bolsa de los valores eléctricos esta semana han sido muy marcadas.
