Banco Sabadell quiere seguir creciendo con la oferta de cajas que las entidades en apuros están poniendo en el mercado. Al interés por adquirir la red de Caixa Penedés, una operación que ya promueve Nomura por encargo de BMN, como adelantó la pasada semana este medio, también se une la intención de comprar el negocio de Caja Badajoz, entidad integrada junto a Caja Círculo de Burgos y Caja Inmaculada en Caja 3. Durante las pasadas semanas, Jaime Guardiola, consejero delegado del Sabadell, se ha reunido con los dirigentes de este SIP para explorar las posibilidades de llevar a cabo esta operación, según confirman fuentes del sector a Vozpópuli.
La entidad presidida por Josep Oliu cuenta con un déficit evidente de red en Extremadura, donde apenas cuenta con dos oficinas. La compra de la red de Caja Badajoz, que le reportaría una bolsa de 150 sucursales en esta ciudad extremeña, le serviría al Sabadell para crecer en una zona donde tiene una baja cuota de negocio. Además, Caja Badajoz cuenta con otras 70 oficinas en zona de expansión. En caso de confirmarse esta operación, la entidad catalana se convertiría en el lider del mercado en Badajoz y en uno de los grandes competidores en Extremadura. En el sector también se apunta a que La Caixa podría estar interesado en completar la misma adquisición que el Sabadell con respecto a Caja Badajoz.
El interés del Sabadell por Caja 3 viene de lejos. De hecho, el banco de Oliu tenía bastante adelantado la adquisición del SIP liderado por la CAI, antes de que este grupo comenzase su fusión con Ibercaja. Se llegó a tener un mapa de reordenación de la red de Sabadell y Caja 3, además de los primeros contactos para la integración laboral. Fuentes del Sabadell no han desmentido contactos en el pasado, si bien niegan que actualmente haya habido ningún tipo de conversación.
El Sabadell apenas cuenta con dos oficinas en Extremadura. La compra de Caja Badajoz le reportaría una red de 150 oficinas sólo en esa ciudad
La operación se rompió entonces ante el interés del gobierno de Aragón de crear un gran banco aragonés uniendo a Caja 3 e Ibercaja, una fusión que saltó por los aires tras los resultados del test de estrés de Oliver Wyman. La historia parece repetirse. Ibercaja podría frustrar de nuevo los planes de expansión del Sabadell en Badajoz. La entidad presidida por Amado Franco quiere retomar con Caja 3 esta integración inconclusa. De hecho, la mañana del mismo día en el que se comunicó a la CNMV la ruptura del proceso entre Caja 3, Ibercaja y Liberbank, Franco telefoneó a Vicente Ruiz de Mencía, presidente de Caja 3, para comunicarle que retomarían las conversaciones de nuevo.
Como entonces, el gobierno aragonés propugna por una entidad financiera aragonesa potente que impida que otro banco pueda elevar de forma considerable su cuota de mercado en esa zona. Kutxabank es uno de los aspirantes a poder entrar en el negocio aragonés mediante la compra de Caja 3 en su conjunto. La entidad presidida por Mario Fernández lleva meses interesada en ganar presencia en Zaragoza a través de la red de la CAI.
El banco catalán estuvo a punto de fusionar a Caja 3 antes de que ésta se uniese a Ibercaja. Incluso se diseñó un mapa conjunto de la red ya reordenada
Al igual que en el caso de Caixa Penedés, Sabadell busca una compra económica al tener que asumir el coste de la reestructuración de red y plantilla de Caja Badajoz, que ya aporta el 50% de los resultados de Caja 3, a pesar de contar con un 28% del accionariado. Esta posible desinversión de Caja 3 cuenta con el aval del Banco de España que apoya este tipo de operaciones para evitar otra nacionalización de alguna de las entidades que necesitan de ayudas públicas (BMN, Caja 3, Liberbank y CEISS, la ficha bancaria de Caja España-Duero).
Tanto la operación de Caixa Penedés como la de Caja Badajoz podrían materializarse antes de que Bruselas apruebe los planes de recapitalización de BMN y Caja 3, respectivamente, a lo largo del próximo diciembre. El próximo 28 de noviembre, la Comisión Europea hará pública sus conclusiones sobre los planes de las cuatro entidades nacionalizadas, a las que obligará a reducir su tamaño al menos en un 40%.
