Santander quiere hacer caja con los activos tóxicos de Banco Popular. La entidad presidida por Ana Botín ha puesto recientemente en mercados dos carteras de créditos impagados valorados en 800 millones de euros. Una de ellas, de 300 millones, procede de préstamos a pymes que concedió Popular entre 2010 y 2011, con pésimo resultado.
Se trata del 'Proyecto Capri', lanzado recientemente al mercado con 17.000 créditos tasados en su origen en 284 millones, según datos de la venta a los que ha tenido acceso este medio. Aparte de pymes, también hay créditos personales. De media, cada préstamo es de unos 20.000 euros.
Esta cartera está provisionada al cien por cien en el balance del Popular, por lo que todo lo que obtenga de ella se apuntará como plusvalías en la cuenta de la filial del Santander.
La gran operación del saneamiento del Popular ya se llevó a cabo en verano, con la venta del 51% del ladrillo a Blackstone por 5.100 millones de euros, tal y como publicó este medio. Aun así todavía quedan flecos pendientes como la venta de los fallidos y de una cartera de deuda pública de su filia, con la que Santander puede obtener plusvalías valoradas en 411 millones.
Popular ha vendido en cinco meses más activos de los que ha traspasado ninguna entidad en toda la crisis
Entre la operación de Blackstone, la actual y otras firmadas por Emilio Saracho, Popular habrá sacado de su balance 31.000 millones en activos tóxicos en 2017. Ninguna otra entidad ha sacado una cifra similar en toda la crisis.
Popular ha perdido 132 millones desde que se vendió a Santander por un euro, debido a los costes de reestructuración para hacer frente al recorte en los servicios centrales, cuyas negociaciones están en marcha.
'Proyecto Indianapolis'
Al mismo tiempo que saca el 'Proyecto Capri', Santander ha puesto en mercado el 'Proyecto Indianapolis', con 500 millones en créditos fallidos del grupo. La entidad saca recurrentemente este tipo de operaciones. Las últimas se las han quedado Axactor, Grove, Cabot y Lindorff.
El consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez, ha fijado el objetivo de que el ritmo de evacuación de activos problemáticos se acelere en los próximos meses, traspasando 6.000 millones del grupo de aquí a finales de 2018.
