La patronal de las 'grandes' eléctricas, Unesa, ha pedido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una reunión para conocer el alcance de los ajustes que el Gobierno pretende aplicar a la actividad de transporte y distribución del sector.
Fuentes del Ministerio indicaron a Europa Press que la solicitud de la reunión había sido recibida este mismo jueves y que se daría una respuesta.
De esta manera, Unesa, que agrupa a las cinco 'grandes' compañías del sector (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo), pretende conocer de primera mano la propuesta de una batería de medidas para ajustar algunos costes regulados de la factura energética, que fue anunciada este miércoles por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
En el Congreso, Nadal pidió al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por cerca de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.
El mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen "casos de sobrerretribución en el factor de retardo", por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés de más del 5% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra.
"Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para el nivel de riesgo, y pretendemos sustituirlo por un índice financiero", indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.
Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos amortizados pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían "sobreretribuidos" y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros.
Además, en los costes extrapeninsulares, propone una actualización en los parámetros de activos una vez que REE ha remitido las pruebas más actualizadas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas, que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros.
Costes de desmantelamiento de las nucleares
Asimismo, también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento.
A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear "es responsabilidad de todos", a través de la sociedad.
Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.
Nadal advirtió de que estos cambios normativos son necesarios para gozar de la "flexibilidad" necesaria para que se pueda actuar en favor del consumidor. "Cuando hay una sentencia a favor de una empresa se debe actuar rápidamente, y cuando es a favor del consumidor se debe pasar por un largo proceso de lesividad", dijo.
