La ocurrencia suele ser una mala acompañante de quienes deben tomar decisiones. Lamentablemente, en España se recurre a ella con una asiduidad preocupante, lo que explica una parte de las disfunciones de lo público y lo privado. Hace algo más de un lustro, el Gobierno apostó por unificar los supervisores de los mercados y la competencia para incrementar su “independencia”, eliminar “duplicidades” y evitar que se produjeran contradicciones en los informes realizados por los diferentes reguladores. Este miércoles, el nuevo ministro de Economía y Competitividad, Román Escolano, ha anunciado su intención de reformar este organismo para lograr que funcione con una mayor solidez. Lo ha hecho unos meses después de que PP, PSOE y Ciudadanos negociaran su posible división en dos mitades. Sin éxito.
Esto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la conveniencia de crear dos organismos reguladores. Son muchas las preguntas que se pueden plantear en este sentido, pero la que debería marcar el voto favorable o contrario de las fuerzas parlamentarias a la hora de pronunciarse sobre las posibles reformas legales que afecten a la CNMC es: ¿de verdad van a beneficiar a los consumidores?
Resulta innegable que el organismo que nos ocupa ha cometido varios errores desde su fundación, en 2013. Su presidente, José María Marín Quemada, ha atribuido estos fallos a la juventud de la institución, a la poca voluntad del Gobierno para dejarle funcionar sin ataduras y a la escasez de recursos humanos y dotaciones económicas. Sus críticos dentro del Consejo le han acusado de dirigir la institución por un camino inadecuado, con un “autoritarismo” que no corresponde.
A esto hay que sumar la alta conflictividad judicial que ha emanado de sus resoluciones, en algunos casos, por los fallos de instrucción que contenían, algunos advertidos en los votos particulares. La Audiencia Nacional –primero- y el Tribunal Supremo –segunda instancia- han tenido que analizar, confirmar, matizar o tumbar muchas de las multas que la CNMC ha impuesto a las grandes compañías. Sin ir más lejos, en los últimos meses la justicia ha anulado dos multas a Repsol de 22,5 y 20 millones de euros –recurridas-, así como las varias que impuso en 2015 al ‘cártel de la basura’, por 88 millones d euros. Eso, evidentemente, ha puesto en cuestión su legitimidad.
El capitalismo clientelar
La pregunta es si la división del organismo ayudaría a paliar estos problemas. En este sentido, cabe recordar que la idea de unificar los reguladores surgió un tiempo después de la aprobación de la Ley de Defensa de la Competencia -2007-, en un momento complejo en el que España comenzó a sufrir los embates de la crisis económica global. Entonces, algunos expertos advirtieron –entre ellos, Luis Berenguer- de que la nueva normativa era insuficiente para luchar contra el capitalismo clientelar patrio, de ahí que se apostara por reforzar el supervisor para dotarle de una mayor robustez para combatir las presiones de las grandes empresas. La filosofía era clara: la unión hace la fuerza.
El problema es que la CNMC se concibió mal y nació maldita. En primer lugar, porque se cesó de forma abrupta a algunos de sus consejeros, algo a lo que se opone por sistema la Comisión Europea. En segundo lugar, porque el PSOE renunció a designar a una parte de los vocales tras romper relaciones con el PP y eso provocó, a posteriori, críticas por la supuesta falta de independencia de su Consejo (infundadas, a mi modo de ver). Y en tercer lugar, porque la nueva norma dejaba abierta la puerta para que el Ejecutivo recuperara competencias que asumía de forma temporal la CNMC -una parte de las de energía- y no otorgaba al regulador otras importantes, como la que permite la gestión del espectro radioeléctrico. Entre otras.
La posibilidad de dividir la CNMC podría volver a ponerse sobre la mesa, pero resulta difícil pensar que mejoraría el funcionamiento de los mercados y beneficiaría a los consumidores.
Todo esto llevó a una parte de la oposición a plantear una reforma integral de la institución. Desde principios de la legislatura y durante varios meses, PP, PSOE y Ciudadanos negociaron, por un lado, una nueva ley para reformar el método de elección de los miembros de los organismos supervisores (CNMC, CNMV, Banco de España y Consejo de Seguridad Nuclear); y, por otro, una partición del ‘súper-regulador’ en dos partes. Una de ellas, se encargaría de supervisar y controlar la energía, las telecomunicaciones, los transportes, los servicios postales, el juego y el tema audiovisual; y la otra, de todo lo relacionado con la competencia y con la defensa de los consumidores y los usuarios.
Ambos proyectos fueron metidos en la nevera ante la complejidad que implica actualmente llegar a acuerdos en el Parlamento, lo que impediría su tramitación. Evidentemente, en su paralización también influyeron el tema catalán y la transición abierta en el Ministerio de Economía y Competitividad cuando Luis de Guindos inició su camino hacia el Banco Central Europeo.
Román Escolano ha anunciado su intención de plantear una reforma ambiciosa en el regulador de la competencia y de hacerlo de forma urgente. Eso sí, no ha dado detalles sobre la fórmula que propondrá. La posibilidad de dividir la CNMC podría volver a ponerse sobre la mesa, pero resulta difícil pensar que mejoraría el funcionamiento de los mercados y beneficiaría a los consumidores.
Estos últimos deberían ser la prioridad de los legisladores y de quienes plantean la escisión de la CNMC, dado que son los principales afectados por los cárteles, por las decisiones más cuestionables de las compañías eléctricas, las petroleras, las de telecomunicaciones o las de transporte. Los fallos de mercado y los abusos de posición también afectan a las empresas, que en ocasiones observan ante sí las enormes barreras de entrada que genera el capitalismo clientelar.
Quizá partidos como Ciudadanos, que con tanto ahínco defendieron durante meses la partición de la CNMC, deberían abandonar la idea ‘naíf’ de que el “divide y vencerás” es la única opción posible en lo que respecta a la CNMC. Porque quizá la solución pase por mejorar la gobernanza de los reguladores y por garantizar de una mayor forma su independencia con respecto a los poderes político y económico. Desde luego, la decisión tendrá relevancia, dado que afectará a varias de las principales empresas españolas y a la práctica totalidad de los consumidores, que son los que siempre suelen pagar los platos rotos. Esperemos que esta vez se evite.
