La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta final para que la energía nuclear y ciertas plantas de generación eléctrica a partir del gas se consideren inversiones 'verdes', como las renovables, una controvertida iniciativa que podrían bloquear los Estados miembros o el Parlamento Europeo.
Así consta en la propuesta sobre esas dos fuentes de generación de energía del Ejecutivo comunitario conocida como taxonomía, un sistema que pretende distinguir las tecnologías sostenibles de las que no lo son para orientar las inversiones en la transición ecológica.
Bruselas ha concluido que "hay un papel para las inversiones en gas y nuclear en la transición energética" aunque solo durante un periodo limitado de tiempo y con condiciones para que contribuyan a la descarbonización de la economía a mitad de siglo, indicaron fuentes europeas. "Tenemos que abandonar lo más rápidamente posible fuentes de energía altas en emisiones de carbono, como el carbón. Durante esta transición, esto podría significar aceptar soluciones imperfectas", dijo la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinnes, en rueda de prensa.
¿Qué supone la propuesta?
En su propuesta, la Comisión propuso que reciban la etiqueta verde las inversiones en las centrales nucleares que reciban el permiso de construcción antes de 2045 y que también se considere sostenible al gas natural siempre que provenga de energías renovables o tenga bajas emisiones en 2035. Bruselas asume que ni el gas ni la energía nuclear son energías neutras a nivel climático, ni tampoco renovables, pero defiende su papel como "actividades de transición" para alcanzar el objetivo de una economía descarbonizada en 2050, un concepto recogido en el segundo párrafo del proyecto presentado.
Ante las reservas de la plataforma de expertos que emitió un informe crítico y al rechazo de varios países, entre ellos España, Bruselas defiende que el acto delegado adoptado por el Colegio de Comisarios fija "estrictas condiciones" para el gas y la energía nuclear, al tiempo que prevé sanciones para las compañías que no cumplan.
Sin embargo, desoye las recomendaciones del grupo asesor creado por el propio Ejecutivo comunitario, que en su evaluación pide reducir los niveles de emisiones fijados en 270 gramos de CO2/kWh para plantas de gas hasta los 100 gramos de CO2/kWh.
División entre países
A partir de ahora se abre un periodo de cuatro meses, prorrogable dos más, tras el cual entrará en vigor salvo que lo tumbe una mayoría simple del Parlamento Europeo o una mayoría inversa de 20 países que sumen al menos el 65% de la población de la Unión Europea.
Si bien Francia y Alemania respaldan el proyecto, España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionan en contra y estos dos últimos países han amenazado con llevar la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras, Francia lidera el bloque que aboga por recurrir a la energía nuclear, que apenas genera CO2 pero conlleva otros problemas como la seguridad o los residuos radiactivos, con el apoyo de países como República Checa, Hungría o Finlandia. Alemania tampoco cree que la energía atómica deba considerarse sostenible, pero sí apuesta por el gas para transitar hacia una economía descarbonizada a mitad de siglo ya que prevé cerrar este año todas sus centrales nucleares.
