El Gobierno trabaja en el diseño de la adenda al Plan de Recuperación que presentará a la Comisión Europea para solicitar 70.000 millones en créditos blandos sujetos al instrumento Next Generation EU (NGEU), que se sumarán a los otros 70.000 millones que España recibirá a fondo perdido y de los que ya ha recibido cerca del 27% (19.000 millones). En este sentido, el Ejecutivo va un paso por detrás de Italia, Grecia y Portugal, que ya han solicitado estos préstamos en el marco de los fondos europeos.
En concreto, tras aprobar el primer desembolso esta misma semana, Bruselas ya ha concedido a Italia 26.940 millones en préstamos, además de otros 18.950 millones en forma de subvenciones directas, según detalla la propia Comisión. Por su parte, Grecia ha recibido 1.650 millones en créditos y 2.310 millones en transferencias no reembolsables; mientras que Portugal ha desbloqueado 350 millones y 1.810 millones, respectivamente.
Las economías del Mediterráneo han sido las más perjudicadas por el impacto de la pandemia en el turismo, y por esa razón son los que más apoyo en forma de fondos van a recibir desde Europa. En este sentido, de los países del sur, sólo España, Bulgaria y Croacia no han presentado aún los hitos y objetivos para desbloquear estos préstamos. Más al sureste, Chipre y Rumanía también han recibido ya 26 millones y 1.940 millones por esta vía, respectivamente.
NGEU tiene una dotación total de 750.000 millones, de los que 672.500 millones se entregarán entre los países. 312.500 millones irán a los Gobiernos en forma de subvenciones que no habrá que devolver y 360.000 millones a través los citados préstamos reembolsables. Los Estados Miembros pueden solicitar los créditos hasta el 31 de agosto de 2023, pero no están obligados a hacerlo.
El pasado mes de diciembre, la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció que el Gobierno se preparaba para pedirlos. Y es que si no se anticipara esta petición, el Ejecutivo podría incurrir en irresponsabilidad ante una posible subida de tipos y un endurecimiento de las condiciones de financiación de la deuda pública, tal y como publicó Vozpópuli. Para que la CE le conceda estos 70.000 millones adicionales, tendrá que presentar una adenda al plan ya aprobado que incluya hitos y objetivos nuevos.
Por eso, ahora el Gobierno trabaja sobre todo en identificar potenciales proyectos e inversiones a financiar con estos fondos, lo que determinará la cantidad final de préstamos a solicitar. También contempla involucrar a las entidades financieras en la distribución del dinero europeo con distintos instrumentos (como créditos, garantías o inversiones en capital). En todo caso, la selección de estos proyectos estará condicionada por los porcentajes de inversión digital (20%) y verde (37%) que tiene que satisfacer el Plan del Gobierno.
Lenta ejecución de los fondos
Como se ha mencionado, estos fondos se sumarán a otros 70.000 millones no reembolsables de los que el Gobierno ya está haciendo uso (por el momento sólo ha recibido un anticipo de 9.000 millones y otros 10.000 millones del primer tramo) y deberá seguir desbloqueando en los próximos años. En este semestre se espera que solicite otros 12.000 millones, el tramo más voluminoso del calendario; pero la "insostenible" reforma de las pensiones es uno de los aspectos que podría complicar el desembolso.
El Gobierno se ha marcado como objetivo la movilización de 24.000 millones de estos fondos europeos entre enero y junio, pero la guerra podría dificultar la ejecución de los proyectos. Además, una parte importante del dinero se arrastra de 2021, puesto que el pasado año la Administración Central sólo desembolsó 11.000 millones a las CCAA (un 45% de lo previsto). El porcentaje que ha llegado ya al tejido productivo se desconoce, puesto que la Intervención General del Estado (IGAE) no actualiza el dato en contabilidad nacional desde el pasado mes de agosto.
BBVA Research prevé en su último informe macroeconómico, publicado este jueves, que el gasto real sólo alcance los 15.000 millones en 2022. "Las ayudas están tardando en llegar a hogares y empresas, trasladando su impacto hacia los últimos años de vigencia del Plan", señala. Para este año, el servicio de estudios de la entidad bancaria estima un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre medio punto y un punto, lejos de los dos puntos que prometía el Gobierno.
BBVA también destaca que uno de los riesgos a los que se enfrenta este Plan es la falta de materiales y trabajadores para ejecutar los proyectos como consecuencia de la guerra en Ucrania. Además, parte del impacto económico podría perderse al encarecerse las materias primas que se importan desde otros países productores y son necesarias para las inversiones en digitalización y transición ecológica. En total, BBVA estima un impacto de los fondos europeos en el Producto Interior Bruto (PIB) de este año de entre medio punto y un punto, en función del gasto efectivo que se quede en el país.
Pérdida de interés de las empresas
Otro aspecto clave que condicionará el acceso a estos fondos es que la proporción de empresas interesadas en acudir a las convocatorias se ha reducido en siete puntos porcentuales en el primer trimestre del año respecto al anterior, hasta apenas el 16,6%, según el Banco de España (BdE). La pérdida de interés por parte de las entidades privadas llega en un momento clave, con el arranque de los denominados proyectos estratégicos (PERTEs) y los compromisos de inversión que el Gobierno debe cumplir para seguir desbloqueando tramos de dinero.
Cerca de 6.000 empresas españolas han desvelado las medidas que tienen previstas para los próximos seis meses en una encuesta realizada por el Banco de España entre el 23 de febrero y el 10 de marzo, ya en un contexto de guerra y elevada inflación. Y sólo una de cada seis pretende participar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que articula los fondos Next Generation EU.
Además de los retrasos en el lanzamiento de convocatorias y reparto del dinero, las empresas se enfrentan a varios problemas en la solicitud de los fondos europeos. Por un lado, los cortos plazos con los que las administraciones públicas están sacando estas convocatorias, impidiendo también que se ejecute todo el dinero en tiempo y forma. Por otro, la exigencia de financiar de su bolsillo más de la mitad del presupuesto de los proyectos. Finalmente, otro de los 'hándicap' es que las empresas compiten con el sector público en la mayor parte de los fondos de los que pueden beneficiarse de manera directa.
