Economía

Restoy critica que FROB, ICAC y Seguros sigan dependiendo del Gobierno

El subgobernador del Banco de España reclama una reforma del modelo de supervisión financiera en España para converger con la práctica habitual en Europa, y propone la creación de un sistema vinculante de resolución de conflictos banca-cliente.

  • Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España.

Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, criticó este lunes el actual modelo de supervisión financiera vigente en España, y reclamó que, aprovechando que el grueso de la reestructuración del sector ya se ha llevado a cabo, se abra un debate para reformar el sistema actual. Entre otras anomalías, Restoy identificó el hecho de que la supervisión esté sectorializada (supervisión distinta a bancos, a sociedades de inversión y a aseguradoras, por ejemplo) y que un número significativo de entidades supervisoras no sean independientes del Gobierno central.

España tiene un sistema de supervisión que es "una rareza en el ámbito europeo, no incorpora las lecciones más relevantes de la crisis financiera en cuanto a la forma más adecuada de prevenir posibles conflictos de interés y de asegurar el aprovechamiento de las sinergias existentes entre las distintas funciones de vigilancia". Quien opinó esto, durante la presentación de la 7ª Guía del Sector Financiero Español, publicada por AFI y Funcas, no era cualquiera. Restoy es el actual subgobernador del Banco de España, y anteriormente fue máximo responsable del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad encargada de ejecutar la recapitalización y el control de las entidades rescatadas.

España tiene un sistema de supervisión que es una rareza en el ámbito europeo, no incorpora las lecciones más relevantes de la crisis financiera

Restoy, quien ha mantenido notorios enfrentamientos con el Ministerio de Economía (y llegó a presentarle la dimisión a Luis de Guindos por pasadas discrepancias con los rescates) por la intromisión de éste en los asuntos del sector financiero, apuntó precisamente a la dependencia gubernamental de varios organismos supervisores y reguladores, un modelo distinto al seguido por la práctica totalidad de los países del entorno. Son, por ejemplo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, entidad de supervisión del sector asegurador y "bajo la vigilancia de un organismo con dependencia directa del Gobierno de turno, en contra de lo predicado por los estándares supervisores y las mejores prácticas internacionales", tal y como señaló en su discurso.

"Algo parecido cabría señalar en relación con el sector de compañías de auditoría, que también desempeñan un papel relevante en el adecuado funcionamiento del sistema financiero y los mercados de capitales", añadió Restoy, en referencia al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), también dependiente del ministerio que aún ocupa (aunque en funciones) Luis de Guindos. El que fuera anterior máximo responsable del FROB insistió en la idea de un modelo de supervisión desfasado, toda vez que "ha sido abandonado desde hace tiempo por los principales países de nuestro entorno".

El FROB, otra rareza

La crítica del subgobernador del Banco de España se extendió a los nuevos poderes otorgados por el Ministerio de Economía al FROB, en perjuicio del Banco de España. En concreto, y tal y como explicó Vozpópuli, De Guindos diseñó un mecanismo de resolución en el que tanto el Banco de España como el propio FROB (dependiente del Gobierno) tienen, cada uno, distintas competencias. En la práctica, y a pesar de que es un modelo distinto al aprobado por el grueso de países de la zona euro, este sistema permitirá al Ejecutivo tener la última palabra en relación a la ejecución de las actuaciones de resolución de entidades financieras en problemas. En el resto de Europa estas competencias son exclusivas de los bancos centrales y no existe una institución como el FROB, que cuelga del Gobierno.

"Este esquema resulta ciertamente más complejo que el adoptado en la gran mayoría de los Estados miembros, que han situado todas las funciones de resolución, ya sean preventivas o ejecutivas, en el ámbito del supervisor prudencial nacional", indicó, en referencia a un cambio legislativo que prácticamente acaba de ser implementado. Pese a que reconoció que por el momento la coordinación entre ambos organismos está siendo buena, Restoy destacó que en un periodo de dos años tendrá que ser evaluado el esquema básico aprobado por el Gobierno para la resolución financiera.

En España sería un sistema en el que el Banco de España y la CNMV asumieran la práctica totalidad de competencias financieras

En Europa el sistema imperante en supervisión financiera es conocido como twin peaks, en la medida que se basa en dos agencias separadas estructural y orgánicamente: una alrededor del banco central, especializada en la supervisión de la solvencia, prudencial, etc, y otra especializada en "vigilar las conductas de todo tipo de intermediarios y perseguir la protección de los inversores o consumidores de cualquier producto o servicio financiero". En España sería un sistema en el que el Banco de España y la CNMV asumieran la práctica totalidad de competencias financieras.

Resolución de conflictos vinculante

Junto a las críticas, Restoy propuso un debate para crear instituciones que en su opinión son imprescindibles para homologar la supervisión financiera española a la europea. Entre otros, reclama la creación de un comité macroprudencial, con participación del Gobierno y coordinado por el Banco de España. Su misión es la de elaborar informes y recomendaciones con los que prevenir "posibles desequilibrios macrofinancieros".

Pero la misión de los supervisores ha de ir, en su opinión, más allá de la de mero vigilante de la estabilidad y la solvencia. Por ello, otra de sus propuestas apunta a la necesidad de crear una institución que ejerza la labor, en exclusiva, de mediación entre clientes y entidades financieras. Sería un "sistema reforzado de resolución de conflictos" que se superpusiera a los actuales servicios de reclamaciones y pudiera emitir dictámenes vinculantes; es decir, de obligado cumplimiento para unos y otros.

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