Cataluña podría usar el euro sin problemas en el caso de independizarse de España. Hay una larga lista de ejemplos que lo avalan. Cuba empleó por un tiempo el dólar incluso contra la voluntad de Estados Unidos. Serbia recurrió al marco. Y en Europa el Vaticano, San Marino, Mónaco, Kosovo, Montenegro y Andorra se sirven de la moneda única europea.
Tal y como el propio Artur Mas ha reconocido, los inversores han insistido en que el nuevo Estado catalán tendría que seguir usando euros para asegurar que se satisfacen las deudas. Con un banco nacional propio, la nueva divisa se devaluaría rápidamente, pero las deudas permanecerían en euros y se volverían imposibles de pagar. De ahí que sea imprescindible para los mercados el que una Cataluña escindida mantenga el euro.
Sin embargo, otra cosa muy distinta sucede con el apoyo del BCE. Éste sólo tiene como misión la estabilidad de sus Estados miembros. Es decir, una vez que se contempla de forma seria la salida de la UE, se abre la incertidumbre sobre si las entidades catalanas podrían disfrutar de la barra de liquidez que las ha salvado de la quiebra durante la crisis.
Antes de que se desatasen las turbulencias financieras, las entidades españolas y catalanas basaban su negocio en refinanciar hipotecas a 30 años en los mercados de capital. Es decir, prestaban a largo plazo lo que habían tomado de los mercados a corto abonando un tipo mucho menor. Y ello implicaba que periódicamente tenían que renovar esa financiación. Sin embargo, desde que se secaron los mercados de capitales, sólo la liquidez del BCE ha mantenido en pie a la banca.
Si Cataluña se independizara, las instituciones de la UE tendrían que apañar algún modo de seguir asistiendo a los bancos catalanes, saltándose toda la legislación europea. Y ya hemos comprobado cuán rápido han sido y todas las dificultades que han puesto para rescatar a países que sí son miembros de pleno derecho de la UE. De modo que tan pronto se exacerbase el proceso independentista, los inversores huirían. Bien sea motivado por el independentismo o por el miedo a las pérdidas, los depositantes también terminarían retirando sus fondos de las entidades catalanas, agravando la espiral del mismo modo que ocurrió en Grecia.
Según un estudio de Funcas, la comunidad catalana acumuló en 2011 una diferencia entre créditos y depósitos de 131.000 millones de euros, la más alta de España. O sea, que el montante de créditos prestados supone 1,6 veces el total de los depósitos existentes en la autonomía. Con más negocio en España que en los territorios catalanes y sin tener asegurado el respaldo ilimitado de un banco central, la Caixa y Sabadell podrían verse entonces ante la dura disyuntiva de tener que cambiar de nacionalidad y españolizarse con tal de asegurarse la financiación.
A su vez, el mercado pondría precio al peligro de escisión de Cataluña y dispararía de nuevo la prima de riesgo española. Y como ya se ha demostrado en los sucesivos capítulos de la crisis soberana, lo harían a una velocidad de vértigo, superando siempre cualquier reacción de las autoridades europeas. Los riesgos de graves ataques financieros para unos y otros son evidentes.
Incluso si con toda celeridad se consiguiese urdir un flotador, los vaivenes asegurarían un empobrecimiento tanto de Cataluña como de España. Y en cualquier caso, el recién creado Estado catalán podría acarrear otro problema igualmente grave: ¿cómo financiaría su deuda pública fuera del eurosistema?
Los países periféricos han precisado que el BCE inyecte dinero a la banca para que luego ésta lo invierta en títulos públicos, garantizando la sostenibilidad de las cuentas estatales. Pero sin el paraguas del BCE, semejante argucia se antoja más complicada. Si el Bundesbank ya plantea numerosas objeciones a que Draghi acepte títulos de países periféricos como garantías para sus préstamos, ¿qué hace pensar que no vaya a oponer todavía más resistencia respecto a un Estado no miembro?
