Un informe de la Generalitat elaborado para diseñar el nuevo sistema de pensiones catalán admite las enormes dificultades a las que se enfrenta a la hora de orquestar una seguridad social catalana.
Si bien el Consejo Asesor para la Transición Nacional considera que se podría articular semejante estructura con cierta celeridad, reconoce que tendría un problema si España se niega a entregarle los datos. Hasta el punto de que la Generalitat se vería obligada a pedir la información a los bancos sobre los desembolsos de las últimas prestaciones. De hecho, los expertos también explican que los propios ciudadanos tendrían que acreditar su historial laboral o, en caso contrario, calcularlo “basándose en la técnica de presunciones”. O sea, a ojo.
El informe argumenta que este formato de cálculo no es nada original, pues ya se utilizó en España en 1967 cuando se configuró el sistema. A juicio de los sabios, habría que presumir que para determinada edad corresponde una determinada prestación. Y si un ciudadano esgrime que su pensión debería ser más elevada, entonces tendría que acreditarlo con papeles, sostienen los autores del documento que servirá de base para la construcción de una nueva seguridad social catalana, cuya legislación debería estar lista en cuestión de un mes según la resolución de desconexión aprobada por el Parlament.
Es más, los sabios del Consejo recomiendan que se fijen cuanto antes "incentivos concretos para que el mayor número posible de ciudadanos obtuvieran y presentaran estos documentos".
Sometido a un apagón informativo por el Reino de España, la Generalitat tendría harto complicado levantar una seguridad social propia. "Montar 'ex novo' un sistema de pensiones asegurando las prestaciones sería casi imposible por hasta tres razones", afirma una fuente cercana al Ministerio de Empleo. "En primer lugar porque las autoridades catalanas no tendrían los datos para poder recaudar las cotizaciones. Tales datos se encuentran exclusivamente en manos del Estado español y, por lo tanto, los soberanistas dependerían de la buena voluntad de las empresas. ¿Y qué ocurriría si las empresas sólo quieren pagar a la seguridad social española? En segundo lugar, el agujero de las pensiones en Cataluña es mucho mayor que en el conjunto de España, y eso se vería muy agravado por la imposibilidad de recaudar. Y tercero, España sólo paga las pensiones de los países con los que tiene convenio. Si usted decide marcharse y abandonar el marco jurídico español también perdería la protección que le brinda su estado del bienestar”, recalca.
Y semejante hecho lo admite incluso el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el cual concede en el informe que el Estado español podría legislar una cláusula de residencia o nacionalidad destinada a no pagar ninguna pensión más a aquellos que estén fuera del Estado español, es decir, en Cataluña. Sin embargo, los sabios aducen que se podrían recurrir estas decisiones apelando a instancias superiores como la normativa europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa o la Carta de Derechos Humanos.
La propia Generalitat indica en un estudio sobre la creación de una agencia tributaria que tendría que emitir deuda para salvar la inevitable caída inicial de los ingresos. No obstante, semejante aserto parece obviar la pésima calificación crediticia que todas las agencias de rating brindan a la región. De acuerdo con el criterio de Fitch, Cataluña será un bono basura en tanto que no cuente con el respaldo del Estado español.
