El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que traspone la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas, lo que implicará aplicar un tributo complementario al que ya existe en España.
El proyecto de ley adapta el marco legal español a los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en el G20, la OCDE o la Unión Europea para luchar contra la elusión fiscal de las multinacionales.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que desde 2022 ya opera en España el tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, mientras que el europeo se aplicará al resultado neto contable ajustado, de forma que ambos serán "complementarios" y no se producirá una doble imposición.
Afectará a más de 800 empresas
Montero calcula que afectará a 126 multinacionales con matriz española y a 707 grupos internacionales con matriz extranjera y filial española, aunque ha precisado que habrá que ver cómo se desarrolla la legislación en otros países europeos "porque vamos todos en paralelo".
La norma afectará a multinacionales y grandes empresas nacionales con una facturación anual superior a 750 millones de euros que tengan una matriz o filial en la UE, de modo que, si pagan en alguna jurisdicción un tipo inferior al 15%, el país dónde tienen su matriz pueda aplicar un impuesto complementario para que la contribución efectiva llegue a esa tasa.
El pasado 23 de mayo la Comisión Europea urgió a trasladar a la legislación nacional la directiva europea, después de que en enero ya hubiera abierto expediente a España por el retraso en la transposición de una norma que para Bruselas es prioritaria.
Montero considera que la norma estará aprobada antes de que acabe 2024, primer ejercicio sobre el que se liquidará el nuevo impuesto, lo que ocurrirá en 2026, una vez que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones fiscales en cada país en 2025.
La directiva, aprobada en diciembre de 2022, introduce en la UE el acuerdo global alcanzado por 140 países en la OCDE para asegurar que las grandes empresas pagan un tipo mínimo efectivo del 15% en impuesto de sociedades en todos los territorios donde tienen actividad y desincentivar así que trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o países con niveles muy bajos de impuestos.
