El Gobierno está dispuesto a atender las peticiones de los autónomos, las empresas y los sindicatos, que claman para que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que están en vigor hasta el 30 de septiembre se alarguen mientras no se recupere la actividad económica, y que piden que se vuelva a activar la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia.
Piden, en definitiva, que se mantenga viva la economía de forma artificial, algo que también beneficia al Ejecutivo, ya que no tendrá que lidiar con un incremento del desempleo sin precedentes, ni con la quiebra masiva de empresas, ni con el malestar social que provocarían ambas cosas.
Actualmente en España hay 3,73 millones de parados, unas 840.000 personas permanecen en ERTE y aunque sólo 140.000 autónomos están cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad -equivalente al paro, porque deben cumplir el requisito de caída del 75% de su facturación-, muchos otros están sin actividad, según lamentan las asociaciones del sector.
Si a estos tres grupos (parados, ERTE y autónomos) se suman los inactivos -entre los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye a muchos parados-, la tasa de paro real sería mucho más abultada que la oficial, del 15,33% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.
Aunque los trabajadores en ERTE realmente no están trabajando y están cobrando el subsidio por desempleo, hay gran diferencia con estar en paro ya que todo el tiempo durante el que cobren el subsidio no computa en el plazo máximo de dos años de paro permitido y siguen dados de alta en la Seguridad Social, ya que el Estado asume el pago de parte de sus cotizaciones sociales para beneficiar a la empresa.
Se dispara el gasto público
Esto supone un elevado coste para las arcas públicas. Según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Estado habría gastado alrededor de 30.000 millones de euros en mantener los ERTE activos hasta el 30 de septiembre, un volumen de gasto que seguirá subiendo si se prorrogan por más tiempo.
Cuando el Gobierno envió a cierre de abril la Actualización del Programa de Estabilidad a Bruselas estimó que el déficit público se dispararía hasta el 10,3% del PIB en 2020, pero en ese cálculo no tuvo en cuenta que el gasto público destinado a pagar los ERTE podría perpetuarse en el tiempo durante buena parte del año, con lo que el desfase presupuestario real de este ejercicio podría ser muy superior.
Un mayor incremento del déficit conlleva a su vez más deuda pública -necesaria para pagar el déficit-, que ya se sitúa por encima del 110% del PIB.
La sostenibilidad de las cuentas, en jaque
Dado que Bruselas activó al inicio de la pandemia la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los estados de la Unión Europea tienen margen para aumentar el gasto público para paliar el impacto de la pandemia -dado que la UE no revisará su déficit este año-.
España cuenta con esa baza, pero cuanto más incremente el déficit y la deuda, más dudas habrá acerca de la sostenibilidad de sus cuentas públicas, más podría costarle financiarse en los mercados (si se tensiona su prima de riesgo) y más esfuerzo habrá que hacer en los próximos años para volver a la senda de consolidación.
Es una tentación política evitar el incremento del paro con sistemas de respiración asistida a la economía, pero en algunos casos sólo se pospondrá el ajuste inevitable de empleo y la desaparición de algunas compañías, tal y como ha advertido el Banco de España, porque la crisis del coronavirus ha provocado ciertos cambios en la economía que podrían convertirse en estructurales.
