El ajuste fiscal que prepara el Gobierno también lo pagarán las grandes empresas. Ésa es, al menos, la intención del Ministerio de Hacienda que prepara un recorte de las deducciones fiscales y de los esquemas de amortización de los que se benefician las grandes empresas.
El objetivo es aumentar la recaudación tributaria entre las grandes sociedades para que carguen con parte del ajuste que deberá recortar el déficit público del 8,2 al 5,3%. Para ello, el Ejecutivo trabaja con la filosofía de “acercar los resultados contables que declaran a la base real sobre la que tributan”, según reveló el ministro Cristóbal Montoro a fuentes empresariales.
EBITDA más cerca del Beneficio Neto
El primer capítulo que se pretende reformar es el de la “libertad de amortización”. Hasta ahora, las tablas tributarias permiten deducir por amortizaciones cuantías máximas o mínimas en función de la conveniencia de las empresas. A partir de ahora, se pretende fijar una amortización lineal que obligue a las compañías a amortizar las mismas cantidad cada ejercicio. ”Eso no aumentaría la presión fiscal”, aseguran los técnicos de Hacienda consultados por Vozpópuli, “pero sí engordaría los ingresos a corto plazo” ya que muchas empresas están jugando con la amortización para evitar pagar más impuestos en momentos de vacas flacas.
Los técnicos consultados aseguran que quienes juegan con grandes partidas de amortización son las grandes empresas, así que serían ellas las que correrían con la mayor carga de esa medida. Según sus cálculos, la recaudación a corto plazo podría engordar hasta 500 millones de euros al año, aunque reconocen que en el largo plazo el impacto sería neutro
Hacienda busca “acercar los resultados contables a la base real sobre la que tributan”
La segunda modificación llegará en el capítulo de deducciones fiscales. En el último ejercicio fiscal, las empresas dejaron de tributar 10.105 millones de euros por deducciones, bonificaciones y reducciones fiscales. Según los cálculos de la Agencia Tributaria, el actual sistema contable permitió a las empresas declarar en 2009 (el último año en que la Agencia Tributaria publicó sus cifras) unos beneficios de 87.194 millones de euros pero tributar sólo por 66.536.
El Ejecutivo plantea “simplificar” la maraña de deducciones existentes en la actualidad y que redujeron hasta un 18% la carga tributaria de las empresas.
Hacienda todavía sopesa una tercera medida que cuenta con la oposición de las grandes empresas: eliminar las deducciones por “internacionalización”. Hasta ahora, las compañías que tienen divisiones en el extranjero no tributan por esos beneficios (lo hacen en el país en que se obtienen y no se gravan aquí para evitar la doble tributación) pero sí pueden deducirse aquí los costes de esa entrada en otros países.
Ese escudo fiscal ha sido aprovechado por los grandes bancos y empresas de telecomunicaciones para impulsar su expansión internacional. Hacienda estudia retirar esa bonificación pero tiene serias dudas sobre hasta qué punto sería contraproducente ya que sería necesario un larguísimo periodo transitorio para no modificar las normas con las que se realizaron inversiones ya comprometidas. Los réditos de semejante medida podrían tardar en sentirse una década. Sin embargo, el freno a la internacionalización de las empresas españolas podría ser inmediato.
Objetivo: aumentar la recaudación
Los cambios en el sistema de amortizaciones y la “simplificación” de deducciones tendrá como resultado final aumentar la recaudación tributaria de las grandes empresas.
Hacienda parece haber rechazado oficialmente la propuesta de uniformizar los sistemas tributarios que las distintas empresas pagan en sus territorios. En la actualidad, los tipos que pagan las empresas ubicadas en Euskadi, Navarra, Canarias y Ceuta y Melillas son sustancialmente menores que las del resto de España. Sin embargo, fuentes del gabinete aseguran que esa reforma sería mucho más compleja y queda pendiente.