El Tribunal Supremo ha ordenado a la Fiscalía General del Estado que conserve las imágenes que las cámaras de seguridad captaron el día del registro al despacho de Álvaro García Ortiz. El magistrado Ángel Hurtado ha solicitado, en concreto, que se impida borrar las imágenes registradas entre las 18.00 horas y las 19.45 horas de aquel 30 de octubre, ante la denuncia por parte de la APIF de que se pudieron manipular pruebas.
En la providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se especifica que se acuerda esta medida tras informar la asociación de fiscales que a dicha hora, y en pleno registro, el fiscal general del Estado -investigado por presunta revelación de secretos- y su 'número dos' mantuvieron una conversación. Cabe recordar que María Ángeles Sánchez Conde está personada en el procedimiento en nombre del Ministerio Fiscal.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que litiga como acusación, advirtió que tenía "constancia" de que el mismo día de la diligencia fueron vistos la teniente fiscal del Tribunal Supremo y su jefe, Álvaro Ortiz, en el salón noble de la Fiscalía sobre las 19.00 horas, esto es, en pleno registro. La asociación dijo que se les vio revisando un móvil que "aparentemente" pertenecía al investigado.
"Insólito encuentro"
Por ello, solicitaron que, "a efectos de acreditar la veracidad de este insólito encuentro", se solicitaran las grabaciones de las cámaras entre la franja horaria señalada y que se ordenara su conversación por si resultaran necesarias. La APIF advirtió al respecto que era "inconcebible" que la fiscal encargada del procedimiento contra Álvaro García Ortiz se reuniera con él y examinasen juntos "una prueba crucial del delito", máxime cuando no se había levantado el secreto de sumario.
Del mismo modo, propuso que se citara al fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada para que declarase como testigo en relación a este asunto, puesto que fue la persona que les observó. De momento, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, solo ha acordado la primera de las solicitudes en relación con las imágenes captadas en ese momento por las cámaras de vigilancia del Ministerio Público.
El magistrado actúa tras incorporar al sumario un oficio de la UCO relativo al registro que se practicó, también ese 30 de octubre, en el despacho de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Hurtado ha decidido levantar el secreto que pesaba sobre este documento, toda vez que ya lo ha remitido la unidad investigadora a la causa, aunque mantiene el que afecta a García Ortiz porque los agentes todavía trabajan en el análisis de todos los efectos que le requisaron durante cerca de 10 horas de registro.
"Participación preeminente"
En el informe sobre Rodríguez, la Guardia Civil ya apunta a una "participación preeminente" del fiscal general en los hechos que aquí se investigan; en concreto, en la presunta filtración a prensa de los correos electrónicos que se intercambiaron el abogado de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) y el fiscal que le investigaba por dos delitos fiscales y de falsedad documental.
Dicho oficio recoge todos los mensajes intercambiados por Pilar Rodríguez y altos cargos de la Fiscalía General del Estado en relación con la investigación a la pareja de la presidenta madrileña. Los mismos evidencian que hubo conversaciones en relación con este asunto desde el 8 de marzo y que, tras la publicación por parte del diario El Mundo de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad al empresario, se actuó para acceder a todos los correos.
La finalidad del fiscal general con este movimiento era armar una nota de prensa (que se difundió el 14 de marzo) con la que desmentir que fuera la Fiscalía quien hubiera ofrecido la conformidad. No obstante, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) lo llevó a los tribunales al considerar que se habría cometido delito por tratarse de comunicaciones confidenciales entre abogado y fiscal.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comenzó investigando estos hechos con el foco puesto en una posible revelación de secretos con la nota de prensa, pero ahora, tras asumir la causa el Tribunal Supremo, se indaga lo relativo a la filtración de los correos, puesto que los mismos se publicaron la noche del 13 de marzo, apenas minutos después de que los reclamara García Ortiz.
