La juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez le ha imputado formalmente junto con el presidente de la Diputación de Badajoz y otras siete personas y les cita a todos ellos a declarar. Además, libra oficio al BBVA para que, de manera urgente, informe acerca del valor nominal de los depósitos del músico, después de que la UCO haya determinado que no hay evidencias que justifiquen el presunto incremento patrimonial injustificado. 

En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz explica que ya ha recibido el informe de la Guardia Civil relativo al análisis de todos los correos incautados en el registro de la Diputación de Badajoz en julio  y que, del mismo, se derivan "indicios racionales de delitos contra la administración pública". Por ello, ordena una batería de diligencias entre las que destaca la citación de David Sánchez Pérez-Castejón. 

Al respecto razona que, para evitar producir indefensión, procede escucharles en sede judicial en su condición de investigados. En concreto, cita al músico, al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a altos cargos del ente que habrían participado en la creación de la plaza de coordinador de actividades conservatorias que se adjudicó David Sánchez en julio de 2017.

Citación de testigos

Se trata de la exdirectora del área de cultura Elisa Moriano; la entonces diputada de Cultura de Badajoz, Cristina Núñez Fernández; la que fuera responsable del área de Recursos Humanos, Juana Cintas; el exjefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija; el entonces jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González, la exdirectora del Área de Cultura, Emilia Parejo y Francisco Martos, diputado Delgado del área de Cultura y Deportes que firmó el cambio de denominación de la RPT en lo referente al puesto de trabajo de David Sánchez.

La juez también cita como testigos a los exdirectores del Conservatorio Superior de Música Evaristo Valentí López y María del Rosario Mayoral y a la actual directora Yolanda Sánchez. Del mismo modo también quiere escuchar en el juzgado en calidad de testigos-peritos a los tres cargos de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe exculpatorio del hermano del líder del PSOE. Entre ellos se encuentran la Inspectora Regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín y el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura , Emilio Hurtado Valiño.

El patrimonio del hermano de Sánchez

Además, la juez libra oficio al BBVA para que, de manera "urgente", informe sobre el valor nominal de los depósitos del músico. Se solicita información de las acciones que pudiera tener en dicha entidad entre noviembre de 2017 -cuando logró la adjudicación de la plaza pública- y junio de 2023. La juez actúa después de que la Guardia Civil explique en su informe que no ha encontrado evidencia de que posea acciones por valor de 1,4 millones de euros. 

Cabe recordar que uno de los extremos que se investigan en estas diligencias es si el hermano de Sánchez pudo haberse enriquecido de manera irregular y de si desvió parte de su fortuna a Portugal, país donde habría residido en los últimos años. La Guardia Civil explica que no encuentran evidencias porque se trataría de un "cálculo erróneo".

Sostienen que en las declaraciones del hermano del presidente del Gobierno relativas a 2017, 2019 y 2021 en el campo “valor nominal” se refleja la unidad de medida en euros y en la de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas. 

Requerimiento a la Diputación

Finalmente, vuelve a dirigirse a la Diputación de Badajoz para que aporte el reglamento por el cual se modifica la Relación de Puestos de Trabajos (RPT) dado que quiere esclarecer si, como se defendió del ente, el 'ascenso' a su actual cargo como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas estaba exento del trámite de Negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo.

También requiere las fichas relativas a las modificaciones de puestos de trabajo de la Diputación y el proyecto de coordinación que se exigía en las bases. Cabe recordar que la UCO solicitó el registro de la Diputación al considerar que hubo "actos preparatorios" para poner crearle la plaza pública al hermano del líder del PSOE.

Por ello la juez autorizó el registro y estaba a la espera de las conclusiones de la Guardia Civil. De hecho, fuentes de la investigación confirman a este medio que no resolvió sobre la petición de diligencias de las acusaciones porque quería estudiar primero el oficio de la Unidad Central Operativa sobre los correos incautados.

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