La polémica idea de eliminar la tributación conjunta del IRPF vuelve a estar sobre la mesa del Gobierno. La medida, que generaría ingresos por más de 2.000 millones de euros al año y afectaría a tres millones de familias, se baraja en el marco del plan estructural para rebajar la deuda pública y el déficit, comprometido con Bruselas.
El Ejecutivo lleva años amagando con esta posibilidad, que le ha causado numerosos quebraderos de cabeza. Apareció por primera vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que pactó con la Comisión Europea en abril de 2021 para recibir los fondos europeos Next Generation EU.
La controversia generada en aquel momento, con las elecciones de la Comunidad de Madrid a la vuelta de la esquina, provocó que diese marcha atrás y lo tildase de "errata". En aquel momento el Gobierno puso en barbecho todos sus planes de subidas de impuestos para intentar competir con Isabel Díaz Ayuso.
La entonces vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró que lo que se preveía era la creación del grupo de expertos de la reforma fiscal, que evaluaría las cuestiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales.
El estudio de la AIReF sobre los beneficios fiscales formó parte de la segunda fase del Spending Review (un proyecto de análisis de gasto público con origen en la Actualización del Programa de Estabilidad de 2017-2020) y abarcó, entre otras medidas, la supresión de la tributación conjunta en el IRPF.
La AIReF concluyó que la reducción de 3.400 euros en la base imponible desincentiva la participación laboral de las mujeres y recomendó la supresión de esta modalidad. "La tributación conjunta solo resulta fiscalmente atractiva cuando uno de los miembros de la pareja no percibe rentas, o cuando percibe rentas bajas", dijo.
A posteriori, la presidenta de la autoridad fiscal, Cristina Herrero, matizó durante unas jornadas del Consejo de Economistas que la propuesta es un "régimen transitorio" que no afectara a los declarantes actuales y acabara con la supresión del beneficio fiscal, en línea con la "actuación mayoritaria en los países de la OCDE".
Precisamente, en el componente sobre Igualdad del Plan de Recuperación que elaboró el Gobierno en 2021 se incluía "la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)”.
En 2022 llegó el informe de los expertos al que aludió Calviño para sortear la polémica en 2021 y, como la AIReF, consideró que "es un mecanismo que puede desincentivar la participación laboral del segundo perceptor (que en un 87% son mujeres) en las unidades familiares integradas por los dos cónyuges". En este sentido, propusieron suprimirlo.
El Gobierno reabre ahora el melón en el marco del plan fiscal estructural enviado a Bruselas, en el que plantea la atención a los Spendings Reviews de la AIReF como "parte indispensable" de la sección de reformas e inversiones que justifican que los ajustes se extiendan a siete años en vez de acumularse en cuatro.
"Al margen de las reformas estructurales con impacto en la mejora de bases imponibles, el Plan de medio plazo contiene medidas de ámbito presupuestario con un claro impacto directo y adicional en sostenibilidad fiscal". Entre las mismas destacan "las medidas del Plan de Recuperación enmarcadas en el objetivo de eficiencia del gasto público (spending reviews de la Airef)", reza el documento.
Pese a detallarse así en el plan enviado hace sólo unas semanas, desde el Ministerio de Hacienda aseguran a este periódico que "el Gobierno no se plantea eliminar la tributación conjunta" y "que se vaya a analizar un beneficio fiscal por la AIReF no implica que el Gobierno se replantee eliminarlo".
Otras subidas de impuestos polémicas
El Gobierno prepara una subida de impuestos para el próximo año con el objetivo de ganar margen de gasto -lo ha topado en el 3,7% en 2025- ante el regreso de las reglas fiscales. Además, podrá empaquetarla como la reforma fiscal que exige el Plan de Recuperación para captar íntegramente el quinto pago de los fondos Next Generation, por 7.000 millones a fondo perdido.
Entre las medidas que cocina Hacienda, hay otras dos especialmente polémicas por su impacto en el contribuyente y por su naturaleza: la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y la imposición de IVA a la educación y la sanidad privadas.
El primer impuesto, que ingresa cerca de 3.200 millones de euros, está cecido a las CCAA junto al de Patrimonio. Para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha producido un "vaciamiento fiscal de estas figuras" en España porque, primero Madrid y después muchas más regiones, han decidido bonificarlas en torno al 100%.
Sumar puso encima de la mesa la llamada armonización fiscal en enero, cuando reclamó a la ministra de Hacienda en el Congreso un impuesto a grandes sucesores o grandes herencias, que calca el de grandes fortunas y que la vicepresidenta primera entonces rechazó. Yolanda Díaz ha vuelto a la carga en septiembre, en la presentación del programa de Sumar.
No parece que vaya a haber reticencias por parte de los socialistas, cuando el pasado junio Montero ya admitió que el Gobierno trabaja en una medida de este tipo. Cabe suponer que ERC, Podemos y Bildu secundarán la medida, pero que no resultará del agrado de Junts, que concurrió a las elecciones catalanas con la supresión de este impuesto en su programa, o del PNV.
También está encima de la mesa la imposición de IVA a la sanidad y la educación privadas, una medida incluida también en el Spending Review de la AIReF. En el otoño de 2020, en la negociación de los Presupuestos de 2021, Podemos estuvo a punto de arrancarle la medida a Sánchez y ahora la exige Yolanda Díaz para dar su aval a los Presupuestos de 2025.
El Gobierno también tiene pendiente la trasposición de la Directiva europea sobre el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para multinacionales. Hacienda ya aprobó una reforma que entró en vigor en 2022, pero la diferencia es que se aplicaba a la base imponible, mientras que la norma comunitaria exige que se aplique al resultado contable ajustado. Esto elevará previsiblemente la recaudación de los 538 millones en 2023 a unos 3.500 millones.
Asimismo, el Ejecutivo ha avanzado su intención de hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas, que vencen el 31 de diciembre. La norma de Sociedades prevé incluir como enmienda la permanencia de estos últimos impuestos, a la espera de que el Gobierno lo logre el próximo miércoles, día en el que quiere cerrar el plazo. A esto se suma el impuesto a grandes fortunas, ya permanente. También los ingresos que acarreará la retirada de las rebajas temporales de IVA y otras ayudas ante la crisis inflacionista, y los ingresos extraordinarios en el IRPF por no haber deflactado la tarifa.
Todas estas medidas elevarán los ingresos de forma estructural (en total, la recaudación puede superar los 20.000 millones), permitiendo empaquetar una reforma fiscal que dé más margen al gasto y desbloquee el siguiente pago de fondos europeos. Sin embargo, el Gobierno no tendrá fácil su aprobación en el Congreso.
