Bruselas quería 8.000 millones de ajuste para dar un año extra a España para reducir el déficit y ya los tiene. Este martes, el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, puso en bandeja 8.000 millones más para obtener ese año extra que tanto necesita España y evitar una posible multa por el desvío del déficit. ¿De dónde salen los 8.000 millones? La mayor parte, 6.000 millones, de un cambio en el Impuesto de Sociedades para elevar su recaudación. Y el resto de un impulso a la lucha contra el fraude fiscal (1.000 millones más de lo presupuestado) y un ahorro en el pago de los intereses de la deuda (1.500 millones).
¿Y en qué consiste el cambio en el Impuesto de Sociedades? Primero hay que tener en cuenta cómo pagan las empresas en España. Las personas físicas pagan mes a mes el IRPF y hacen después la declaración de la renta para ver si han pagado más o menos de lo que les correspondía. Las empresas, en cambio, hacen tres pagos fraccionados a Hacienda y al año siguiente hacen una liquidación. De esta forma, adelantan parte de lo que tienen que pagar por todo un ejercicio. Y lo hacen en función de la cuota del año anterior o la base imponible de los tres, nueve u once primeros meses. Son las propias empresas las que eligen cómo hacer sus pagos.
¿Qué quiere hacer el Gobierno? Fijar un mínimo obligatorio a las grandes empresas en cada uno de estos tres pagos. Por eso, no se trata de una subida fiscal propiamente dicha, sino un adelanto de lo que las empresas tienen que acabar pagando al Fisco antes o después. Se podría decir que lo que hace el Gobierno es pedir a las empresas que le adelanten dinero para poder dedicarlo a la reducción del déficit y obtener el visto bueno de Bruselas. Eso sí, si la medida se prolonga año a año, se puede convertir en una subida fiscal.
En los años 2012, 2013, 2014 y 2015 ya se aplicó esta medida
El Gobierno ya aplicó esta medida en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. En esos ejericicos, el pago mínimo se situó en el 8% del resultado de la cuenta de pérdidas o ganancias de las empresas y en el 4% para aquellas en las que al menos el 85% de sus ingresos se correspondían con rentas exentas o dividendos con derecho a deducción por doble imposición. Durante esos años la medida afectó solo a las empresas con un resultado contable de más de 20 millones de euros.
Aún no se sabe si el Gobierno va a fijar los mismos tipos mínimos y el mismo umbral de facturación para obtener esos 6.000 millones o si necesitará cambiar las cifras para llegar a la cantidad comprometida con Bruselas. Fuentes de Hacienda han asegurado a este periódico que ya se darán a conocer los detalles más adelante.
Aunque el Gobierno no puede impulsar el cambio estando en funciones, es cierto que ya lo había previsto en el Programa de Estabilidad que envió a Bruselas en abril. En el texto incluyó una referencia a posibles cambios en este tributo si la recaudación no iba bien a lo largo del año, algo que han confirmado las últimas cifras de la Agencia Tributaria: El primer pago fraccionado de las empresas cayó casi un 50%. Además, la recaudación de IRPF tampoco va muy bien por la rebaja fiscal.
El cambio en Sociedades, la medida estrella de los alegatos contra la multa
El cambio en el pago fraccionado será la estrella de los alegatos que el Gobierno enviará este miércoles a Bruselas para evitar la multa. Además, el Gobierno explicará que espera recaudar 1.000 millones más de lo previsto por la lucha contra el fraude fiscal y ahorrar hasta 1.500 millones en el pago de intereses de la deuda. En conjunto, los 8.000 millones que reclama Bruselas, a los que hay que añadir el recorte de gasto de 2.000 millones que aprobó el Gobierno a principios de año.
Además de estas medidas, el Gobierno recordará que España ha hecho el giro económico más "intenso y profundo" de los últimos años al pasar de ser el problema de la zona euro a ser la economía que más crece, con una fuerte creación de empleo, un sistema financiero saneado, superávit en la balanza de pagos, un sector inmobiliario estabilizado y un crédito al alza. Todo esto gracias a las reformas estructurales y una política de consolidación fiscal que ha permitido reducir en casi cinco puntos el déficit en los últimos años.
