“No nos han consultado nada, ni sabemos nada. Actuaremos según nos diga el Parlamento”. La frase, pronunciada por fuentes próximas al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, revela la realidad que se vive en el seno de esta institución, donde se espera un cambio profundo a medio plazo, pero donde nadie sabe a ciencia cierta qué posición ocupará cuando los partidos lleguen a un acuerdo sobre su nueva estructura. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha confirmado este martes en el Congreso de los Diputados que este organismo se dividirá en dos partes en los próximos meses, pero no ha concretado ningún aspecto sobre las competencias que asumirá cada una, sobre su organigrama, ni sobre los recursos de los que dispondrán para realizar su función de árbitro y, a la vez, policía de los mercados.
El único aspecto que está claro a estas alturas es que el ‘súper-regulador’ se fraccionará en dos partes: una de ellas se encargará de todo lo relacionado con la competencia y otra, de la regulación de los mercados. Lo incluye el pacto que firmaron PP y Ciudadanos el pasado verano para facilitar la investidura de Mariano Rajoy; y lo sugiere el que la formación liderada por Albert Rivera rubricó con el PSOE unos meses antes.
Ahora bien, queda la duda acerca de quién estará al frente de estos organismos. Las fuentes de la CNMC consultadas por este periódico afirman que la opción más lógica pasaría porque José María Marín Quemada, presidente, y María Fernández, vicepresidenta, encabecen los dos reguladores hasta que expire su mandato, en 2019. Pero este extremo -aunque previsible- no ha sido confirmado oficialmente ni por De Guindos, ni por sus interlocutores de la oposición.
Hay que tener en cuenta que el contrato de los consejeros Eduardo García Matilla, María Ortiz y Diego Rodríguez terminó en septiembre de 2015, mientras que el de Josep María Guinart (CiU), de Idoia Zenarruzabeitia (PNV) y de Fernando Torremocha lo hará dentro de ocho meses. No obstante, dentro de la CNMC se espera que se mantengan en funciones hasta que el Parlamento apruebe la nueva ley sobre el regulador de los mercados.
Nuevo 'casting' de consejeros
En este sentido, De Guindos ha avanzado que el Gobierno aprobará próximamente un nuevo sistema de nombramientos de altos cargos que obligará a los candidatos a pasar el examen de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y de una comisión de nombramientos, compuesta por expertos independientes. Sobre el papel, este sistema evitará que los miembros de los organismos reguladores estén supeditados a los intereses de los partidos políticos y de las empresas sobre las que deban tomar decisiones.
El propio Marín Quemada expresó hace unos meses la necesidad de que la CNMC sea un organismo “independiente, transparente y riguroso”. Unas palabras que, por cierto, causaron un considerable malestar en una parte del Consejo y contribuyeron a agrandar la fractura interna que existe en el ‘súper-regulador’ prácticamente desde el momento de su fundación, en 2013.
Entonces, el PSOE renunció a designar a sus candidatos para formar parte del organismo por sus discrepancias con el partido del Gobierno, lo que provocó que el Consejo quedara compuesto por una mayoría de miembros propuestos por el PP. Entre ellos, Benigno Valdés y Fernando Torremocha, quienes pronto comenzaron a apostillar las resoluciones del Pleno y de la Sala de Competencia con votos particulares, en protesta por la forma de dirigir el organismo de Marín Quemada y por las decisiones de algunos de sus hombres de confianza.
Sus diferencias con el presidente les han llevado a ausentarse de forma premeditada de varias reuniones del Pleno y de su sala durante los últimos meses, lo que ha repercutido sobre el normal funcionamiento del organismo. Fuentes de la CNMC inciden en que Marín Quemada no tiene la potestad de castigar esta conducta, sino que simplemente puede advertirles de que, con esta actitud, están incumpliendo una de las funciones que tienen asignadas. Desde el Ministerio de Economía, tampoco ha aplicado ninguna sanción al respecto.
Competencias comunes
Más allá de la morfología (¿compartirán funciones o departamentos los nuevos organismos?) y de la forma de gobernanza que tendrán los dos nuevos reguladores independientes, la gran pregunta está en las competencias que asumirá cada uno.
En el pacto que rubricaron el pasado verano el PP y Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy, se precisa que una de las partes en las que se dividirá el organismo se encargará de la promoción de la competencia, la aplicación de la normativa española y europea de defensa en este campo; y de garantizar la unidad de mercado. La otra, de la supervisión y control de los sectores económicos regulados (energía, telecos, audiovisual, Correos...) y de resolverlos conflictos que surjan entre las empresas.
En su intervención de este martes, Guindos ha guardado silencio con respecto a la ampliación de las competencias que actualmente tiene el regulador de los mercados. En este sentido, hay que recordar que España es el único Estado miembro en el que este organismo no tiene la capacidad de fijar los peajes eléctricos, algo que la Comisión Europea considera que infringe de forma “flagrante” dos Directivas comunitarias (D2009/72-CE y D2009/73-CE).
Álvaro Nadal ha trasladado a Bruselas la intención del Ejecutivo de renunciar a la competencia de fijar los peajes eléctricos.
El ministro Álvaro Nadal ha trasladado a Bruselas la intención del Ejecutivo de renunciar a esta competencia, pero ni el titular de la cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital; ni De Guindos han aclarado cómo y cuándo la asumirá el regulador.
Tampoco existen certezas con respecto al papel que interpretará la nueva CNMC en sectores como el transporte, y si tendrá el poder de fijar los cánones ferroviarios o las tasas aeroportuarias, o si servirá simplemente de órgano consultivo.
El Gobierno, el PSOE y Ciudadanos deberán negociar estos aspectos durante las próximas semanas y determinar la estructura del nuevo regulador. Ahora bien, fuentes de la CNMC aseveran que esta reforma no se culminará a corto plazo, ni las conversaciones entre las fuerzas políticas estarán exentas de “tensión”.
