Economía

La subida de impuestos al diésel castigará más a las rentas bajas y en zonas rurales

El Gobierno no logró sacarla adelante en el Congreso el pasado mes de noviembre y pretende aprobarla este mes a través de un Real Decreto-ley

  • Surtidores en una estación de servicio.

La polémica subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina, que el Gobierno no logró sacar adelante en el paquete fiscal aprobado en el Congreso el pasado mes de noviembre y pretende aprobar este mes a través de un Real Decreto-ley que deberá convalidarse en enero, afectará a los hogares de rentas más bajas y localizados en zonas rurales. 

La subida del impuesto especial del diésel es un compromiso del Gobierno con la Comisión Europea, en el marco de una política medioambiental responsable y orientada a controlar las emisiones de CO2. Pero, además, es imprescindible para convencer en Bruselas de que la reforma fiscal aprobada es lo suficientemente ambiciosa y completa como para cuadrar las cuentas y recibir el siguiente desembolso de fondos europeos.

Esta medida generaría cerca de 1.400 millones adicionales de recaudación, según Funcas, dando más margen al gasto. El objetivo para 2025, cuando se reactivarán las reglas fiscales, es bajar el déficit público del 3% en el que se espera cerrar este año al 2,5%. Un dato que varios organismos económicos condicionan a las medidas fiscales que logre aprobar el Ejecutivo. 

La propuesta que fue rechazada por Podemos en el Congreso preveía elevar el impuesto de hidrocarburos que paga el diésel en 9,37 céntimos el litro, hasta situarlo en 0,47 euros el litro, igual que la gasolina, frente a los 0,38 euros actuales. La intención del Gobierno no es nueva, ya intentó incluirlo en los Presupuestos del 2021, pero el PNV se opuso. 

La fiscalidad favorable del diésel se remonta al año 1973, cuando se aprobó la European Fuel Tax Directive para proteger al sector del transporte y la agricultura ante la crisis energética, tal y como recuerda Funcas. La de España se mantiene como una de las más bajas de la eurozona, sólo por detrás de Portugal, Eslovaquia, Estonia y Lituania.  

"Las exigencias medioambientales y las diferencias frente a otros países europeos apuntan, por tanto, a que existe margen para armonizar ambos tipos impositivos", comenta María José Moral Rincón, profesora titular de Economía Aplicada en la UNED, en el artículo publicado en Funcas. Sin embargo, también advierte de su carácter regresivo: afecta más a la población con menores recursos.

Un impuesto regresivo

Aunque los hogares están disminuyendo su consumo relativo de diésel, aún son responsables de alrededor de la mitad del consumo de gasóleo (el resto procede de actividades profesionales). Además, de todos los hogares que hay en España, alrededor del 45% hacen uso de este combustible, alrededor de seis millones de familias, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. 

Cuando se analiza por nivel de renta, se observa que en los perceptiles más bajos hasta un 90% de los hogares consumen diésel, independientemente de si viven en zonas rurales o urbanas. Sin embargo, en los percentiles más altos el porcentaje de hogares que hacen uso del diésel se reduce al 50%, también independientemente del lugar de residencia. 

Por tanto, son los hogares con rentas más bajas los que incurren en este impuesto con una probabilidad mayor, especialmente aquellos con rentas inferiores a la mediana, según Funcas. Además, también constata que las familias de menores ingresos soportan una carga impositiva relativa mayor, especialmente para la primera mitad de la distribución y en las zonas rurales, en las que se recorren más kilómetros que en las zonas urbanas.

En consecuencia, desde Funcas advierten de que "cuando se plantee el siguiente intento de subir el impuesto, además de los objetivos medioambientales y la mejora recaudatoria será conveniente tener en mente que la subida afecta a una parte relevante de las familias, en especial, cuando ingresan rentas inferiores a la mediana".

También el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) ha publicado informes en esta línea. En el último estudio de Funcas, la académica propone explicar mejor la necesidad de esta armonización y acompañarla de planes de renovación del parque automovilístico específicos para familias con rentas más bajas, para que puedan sustituir su vehículo de combustión. 

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