Fernando Grande-Marlaska sigue firme en su decisión de aprobar el próximo dos de diciembre un Real Decreto que obligará a las pequeñas agencias de viaje y empresas de alquiler de coches sin conductor a comunicar datos sensibles de sus clientes a Interior. El objetivo de esta medida según la cartera dirigida por Marlaska no es otro que luchar contra el terrorismo y la delincuencia de una forma más eficaz.
Entre los datos que tendrán que dar a Interior destacan el nombre, apellidos, documento identificativo y el referente a la tarjeta de crédito (numeración y movimientos). Los grandes hoteles ya están obligados a hacerlo, pero con el Real Decreto que entra en vigor el 2 de diciembre las pequeñas agencias tendrán también esta imposición.
El ministerio podrá con multar con hasta 30.000 euros a las agencias que no faciliten los datos
El problema, tal y como alertan desde las grandes patronales de las agencias de viaje (Fetave, UNAV y Acave) es que por la estructura de este tipo de comercios facilitar esta información es un problema para la rentabilidad de los negocios. "Una pyme no tiene capacidad para emplear más tiempo de su operativa en incorporar los datos a la plataforma que ha puesto en marcha Interior, por no hablar de que muchas empresas aseguran que da muchos fallos. Es un problema muy grande para la rentabilidad de estos negocios", aseguran desde estas grandes patronales a Vozpópuli.
Muchas agencias de viajes, según otras fuentes del sector, aseguran que parte de estos comercios no podrá informar en la plataforma que se ha habilitado al respecto. Esto supondrá que Interior podrá sancionarlas con cantidades que van de los 600 euros a los 30.000 euros en función de la gravedad del hecho, tal y como establece la ley.
"Serán miles las sanciones que se impondrán a las miles de establecimientos que conforman el sector de las pequeñas agencias. Nuestros departamentos jurídicos se están preparando para responder en los juzgados a las sanciones que se avecinan. De hecho, nosotros ya estamos aconsejando a las agencias de viajes que recurran cualquier sanción que reciban a partir del 2 de diciembre", manifiestan desde Fetave, UNAV y Acave a este diario.
Las agencias extranjeras no están obligadas
Otras fuentes explican a Vozpópuli que existe una clara discriminación respecto a las agencias nacionales porque a las de fuera de España no se les reclamará esta información. "Por no hablar de que parece una medida absurda si se hace en aras de la seguridad. Se pide información del viajero a las empresas nacionales pero no a las de fuera. No tiene ningún sentido", explicaban hace unos días desde las patronales a este diario.
En una carta abierta, las grandes patronales del sector recalcan estas idea al apuntar que se produce una "situación de discriminación" respecto a los tour operadores extranjeros, pues "según manifestó el Ministerio del Interior en dicha reunión la obligación de comunicación de las reservas sólo afecta a las agencias de viajes con domicilio social en España y no a los tour operadores extranjeros que no disponen de domicilio en España".
El Real Decreto establece que los sujetos obligados a la facilitación de datos de viajeros son los operadores turísticos que operan como intermediarios en la reserva entre el alojamiento o la empresa del vehículos de alquiler y el viajero, sin realizar distinciones en función de la nacionalidad de estos operadores. En la misiva, a este respecto, las patronales aseguran que "la interpretación verbal realizada por el Ministerio se aleja claramente de lo establecido en la normativa, situando a las agencias de viajes españolas en una clara situación de desventaja competitiva".
