España consiguió esquivar la temida multa por el déficit la semana pasada. Para conseguirlo, tuvo que plantear una serie de sacrificios a la Comisión y mostrar su disposición a hacer más ajustes en los dos próximos años para cuadrar las cuentas. Bruselas consideró "sólidos" los argumentos que envió el ministro de Economía, Luis de Guindos, pero no todos los expertos confían en que las medidas incluidas en el texto generen el ahorro previsto.
Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el adelanto del cierre presupuestario al 20 de julio. Con esta medida, el Gobierno quiere evitar que se dispare el gasto a final de año y prescindir de algunas partidas que considera más superfluas. El ministro planteó esta medida a la Comisión en los argumentos que envió el pasado 13 julio y pretendía ahorrar con ella unos 1.000 millones. Según algunos expertos consultados por Vozpópuli, la medida solo permitirá ahorrar unos 500 millones y el resto simplemente se trasladará a 2017.
Esta medida afectará a los gastos que no han empezado a tramitarse. Según la orden que publicó Hacienda en el BOE el pasado 16 de julio, el día 29 era la fecha máxima en que la Administración podía enviar a la Intervención cualquier compromiso de gasto con un tercero. No afecta al pago de los compromisos ya asumidos, pensiones, prestaciones por desempleo, gastos de personal o la deuda pública. Y tampoco a otros gastos establecidos por normas legales o reglamentarias o que puedan ser autorizados o aprobados por el Consejo de Ministros.
Aunque ahorrará poco, la medida está generando incertidumbre en el sector público
Todas estas excepciones hacen, según los expertos consultados, que al final el ahorro sea bajo. Y probablemente muchas partidas se acabarán trasladando al año que viene, así que, en el mejor de los casos, ahorrará 500 millones, la mitad de lo comprometido. Aun así, la medida está generando cierta incertidumbre en el sector público, sobre todo en las empresas, que no esperaban una iniciativa de este calibre y temen que se vuelva a cerrar el grifo del gasto en julio de 2017 si finalmente hay prórroga presupuestaria.
Tampoco hay mucha convicción sobre la mejora de otros 1.000 millones que se espera de la lucha contra el fraude fiscal. Desde la Agencia Tributaria aseguran que los funcionarios siempre trabajan para obtener los mejores resultados posibles y que por eso precisamente los resultados suelen ir mejor de lo previsto inicialmente. En 2015 se recaudaron más de 15.000 millones, una cifra récord que, sin embargo, incluía expedientes singulares de minoración de devoluciones por un importe de 2.700 millones que no se repetirán este año.
Así lo reconoció el propio director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, cuando presentó los resultados en el mes de febrero. Tal y como dijo, estos recursos extra de casi 3.000 millones surgieron de comprobaciones abiertas a contribuyentes que reclamaban Hacienda después de anotarse deducciones fiscales, bases negativas —créditos fiscales originados por pérdidas de años anteriores— o provisiones y que Hacienda rechazó.
El cambio en Sociedades también genera dudas porque no puede aprobarse mientras el Gobierno esté en funciones
En cualquier caso, la medida estrella que planteó Guindos a Bruselas es un cambio en Sociedades con el que pretende elevar los ingresos del tributo en 6.000 o 7.000 millones. Consiste en fijar un tipo mínimo de entre el 20% y el 25% en los pagos fraccionados que hacen las empresas a lo largo del año para que adelanten liquidez al Estado. Esta medida estaba en vigor en 2015, aunque con tipo más bajo, y su supresión ha provocado una fuerte caída de los ingresos del tributo.
Por eso el Gobierno quiere recuperarla ahora, aunque con alguna modificación. La medida afectaría a 4.500 empresas, todas las que facturan por encima de los 20 millones de euros, a las que se les impondría un tipo mínimo que en ningún caso superaría el 25%. En los últimos años que estuvo en vigor esta medida el tipo era del 12%.
Requiere un gobierno estable
El cambio en Sociedades también genera dudas a los expertos, principalmente porque se necesita un gobierno estable para ponerla en marcha. La idea del Gobierno es empezar a aplicar estos tipos en los pagos de octubre y diciembre, pero no está tan claro que se vaya a formar gobierno a tiempo. El mismo sistema aplicable en 2016 valdría también para 2017, con el mismo objetivo de recaudación.
Además, el Gobierno ha dicho que este cambio se podría revertir cuando se logre controlar el déficit, lo que, según los expertos, podría volver a provocar el desplome de la recaudación en Sociedades. Si la medida está en vigor solo un par de años y se vuelve a eliminar el tipo mínimo cuando el déficit esté por debajo del 3%, España puede volver a tener problemas con la evolución de las cuentas.
