Los casi nueve millones de pensionistas que hay en España saben ya que el año que viene verán revalorizadas sus pensiones el 1%. Lo que todavía desconocen es si el próximo enero recibirán una paga extra con el importe correspondiente a la actualización de estas prestaciones durante 2012, según el IPC de noviembre. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, puso ayer números en el Congreso a este derecho reconocido por ley: si se prevé que la inflación acabe en el 3,5% y la compensación que prepara el Gobierno la deje en el 2,5%, el coste de la paga sería de 3.000 millones de euros en 2012, consolidables para 2013 y para posteriores ejercicios. El sistema contributivo arrastra un déficit de 7.000 millones de euros y el uso del Fondo de Reserva es la primera alerta seria de que en el medio plazo resulta insostenible.
El Banco de España cifra en 3.000 millones el coste de actualizar las pensiones en 2012, cantidad a la que hay que añadir la consolidación en ejercicios posteriores
Los cálculos de Linde no son inocentes, sobre todo si se tiene en cuenta que ha vinculado la decisión que el Gobierno tiene pendiente de adoptar al logro de los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas: 6,3% para este año y 4,5% para el que viene. Esta decisión sobre las pensiones, advirtió ayer el gobernador, tendrá consecuencias directas sobre estas metas y, por tanto, “es grave e importante”, sobre todo porque no existen garantías de que puedan evitarse nuevos desfases entre ingresos y gastos.
Linde se ha convertido así en el portavoz del criterio contrario a la actualización de las pensiones que el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace tiempo que ha trasladado al presidente del Gobierno, ante el riesgo de que las elecciones gallegas, sobre todo, sumadas a las vascas y a las catalanas, influyan en el juicio final que tendrá que imponer Rajoy en la próximas semanas.
La actualización, o no, de las prestaciones contributivas será una de las decisiones políticas más importantes que tendrá que tomar el Gabinete, en un momento en el que los mercados desconfían, como el Banco de España, de los principales objetivos presupuestarios para el año que viene y, al mismo tiempo, todavía resuenan los ecos de la dura ofensiva que emprendió el PP cuando Zapatero congeló las pensiones en 2010.
Dentro del Gobierno hay dos posiciones y la de Guindos se decanta claramente por no reflejar en las prestaciones contributivas el desvío del IPC
Dentro Gobierno hay dos posiciones bien diferenciadas. La de quienes defienden que habría que arañar cualquier margen presupuestario para cumplir con los pensionistas y resarcirles de la desviación del IPC en 2012, al menos con los que cobran las prestaciones más bajas, y la de quienes tienen claro, como Luis de Guindos, que, además de ser un mensaje peligroso para los mercados, supondría un gasto que España no se puede permitir en estos momentos. Entre quienes comparten la primera figuran la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la titular de Trabajo, Fátima Báñez. La dirección del PP también participa de este debate ante lo que se juega el partido en las próximas citas electorales.
En las elecciones gallegas del próximo 21 de octubre, el voto de los pensionistas será clave. En esta comunidad viven 800.000, casi el 10% del total nacional, y los socialistas están ligando en su campaña la previsible petición del rescate a una bajada de las pensiones. Galicia es, con diferencia, la plaza en la que Mariano Rajoy y el PP se juegan más el próximo día 21.
El gobernador del Banco de España ha aprovechado también su comparecencia en el Congreso para lanzar varias cargas de profundidad contra los Presupuestos recién elaborados por el equipo de Cristóbal Montoro. Las objeciones más importantes cuestionan el volumen del decrecimiento económico previsto para el año que viene, el -0,5 frente al -1,5 que resume el consenso de los analistas, la sobrevaloración de los ingresos tributarios para este año y el que viene y la infravaloración del gasto, teniendo en cuenta que es muy probable que las pensiones, el pago del desempleo y los intereses de la deuda, una partida conjunta que consume el 20% del PIB, crezca en 2013 “de modo significativo”.
Las previsiones de crecimiento, de ingresos tributarios y de gasto, principales objeciones en las que se centra la crítica del Banco de España
A Hacienda, que no a Economía, le ha salido en la figura del gobernador un Pepito Grillo que puede contribuir a recuperar lentamente el prestigio perdido por el Banco de España durante la etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Después de escucharle este jueves en el Congreso, un alto cargo del PP concluye: “Lo peor que le podría ocurrir al Gobierno en este momento en que necesitamos credibilidad como país es que Luis Linde apareciera como su lacayo. No se ha comportado ni como la mosca cojonera que era MAFO ni como un criado, y esa es la línea a seguir…”.
