El rey Juan Carlos ha ido en su viaje a Marruecos acompañado no sólo de numerosos exministros de Asuntos Exteriores, sino, también, de una veintena de importantes ejecutivos. El jefe del Estado, el Gobierno y muchos directivos aseguran que Marruecos es un buen lugar para invertir. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con estas afirmaciones. Telefónica, que poseía casi un tercio de la firma Meditel, lo vendió y salió de Marruecos en 2009.
Desde hace unos años funciona la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos, presidida por Francisco de Arratia, para denunciar la corrupción, la extorsión y las amenazas que sufren los pequeños y medianos empresarios que se aventuran en el país africano creyendo que pueden trabajar en él como en Chile o México o Inglaterra.
En una entrevista concedida a principios de este año, Arratia dijo: “desde el año 2010 venimos denunciando extorsiones a la propiedad privada de los empresarios españoles y a su integridad física. Nadie hasta el momento mueve un dedo para saber qué está pasando, ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Marruecos ni la UE y quién sabe por qué inquietantes razones”. En 2012, la Asociación denunció que dos empresas españolas habían perdido ocho millones de euros debido a la extorsión.
Ante las quejas de la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos, tanto en España como en Bruselas, el número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, Youssef Amrani, reconoció que se habían producido casos de extorsión: “No podemos permitirnos pedir al mismo tiempo inversión extranjera y que sucedan estas cosas. (…) Hay algunos que se han aprovechado, pero vamos a luchar contra esta situación. Si hay estafados, los responsables serán castigados”.
Los cables de las embajadas y consulados de EEUU desvelados por Wikileaks muestran que los diplomáticos de este país conocían la corrupción y la extorsión existente en Marruecos. En esos documentos, según se publicó, “los diplomáticos norteamericanos describen casos concretos en los que asesores de Mohamed VI exigen comisiones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios”.
La voluntad del príncipe de los creyentes es ley
Quienes inviertan en Marruecos deben tener en cuenta el poder del rey, que no es sólo político sino, además, y sobre todo, religioso. La Constitución actual le sigue definiendo, como hizo con Hassán II, como príncipe de los creyentes y garante de la integridad del reino “en sus fronteras auténticas”. Recordemos que Marruecos nunca ha reconocido la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y que ocupa un territorio pendiente de descolonización según la ONU, la antigua provincia del Sáhara Español.
Un diplomático español que ha estado destinado en Marruecos contó a este periodista una anécdota que ilustra sobre la inseguridad jurídica que hay en el país. En 2002, el rey Mohamed VI en un gesto para congraciarse con el Gobierno de Aznar ofreció pescar en los caladeros marroquíes y saharauis (éstos ilegalmente explotados por Rabat, según han dictaminado funcionarios jurídicos de la Unión Europea) a los pescadores gallegos afectados por la marea negra del Prestige. Cuando los funcionarios españoles se reunieron con los marroquíes para tratar los detalles, como el número de licencias, los cupos de especies y el plazo, preguntaron cuándo se publicaría el dahir (decreto real), los segundos les respondieron que no hacía falta ningún decreto, que la palabra del rey bastaba.
Otra, contada por el semanario marroquí Le Journal en su editorial del número 230, en 2005. Mohamed heredó de su padre Hasán II diversos palacios repartidos por todo el país; uno de ellos se encuentra en Agadir. En su última visita a éste, al nuevo rey le desagradó la vista de unas construcciones cercanas y ordenó al ministro de Interior que se demoliesen. Las citadas construcciones se habían levantado por sus propietarios después de haber obtenido todos los permisos legales, tanto del alcalde de Agadir (socialista) como del gabinete real. Por supuesto, el ministro y el ministro delegado de Interior obedecieron las órdenes reales, para lo que vulneraron los derechos de los propietarios perjudicados por la cólera de Mohamed. El derribo corrió a cargo del presupuesto estatal, lo que significa que se destinó dinero de todos los súbditos marroquíes a satisfacer un capricho del soberano.
