El Gobierno ha decidido tomarse con calma la fijación de una política energética para los próximos años. El consejo de ministros aprobó este viernes la creación de una comisión de expertos que tendrá como fin la elaboración de un informe que contemple alternativas para la transición energética. El comité, que estará compuesto por 14 miembros, cuatro de los cuales representarán al Ejecutivo, dispondrá de seis meses para concluir el informe que, posteriormente, deberá ser aprobado por el Gobierno y trasladado al Parlamento.
De esta forma, el sector, que esperaba para las próximas semanas una respuesta del Ejecutivo, al menos en el ámbito de la energía nuclear, deberá aguardar como poco hasta la próxima primavera para conocer con detalle cómo pretende el Gobierno encauzar el camino hacia una economía cada más más descarbonizada, como recoge el compromiso adquirido en París.
El pasado mes de febrero, el Consejo de Seguridad Nuclear, a instancia del Gobierno, elaboró un dictamen en el que establecía las obligaciones para hacer posible prolongar la vida útil de la central nuclear de Garoña, lo que suponía un precedente para el resto de instalaciones que van llegando al final de su periodo de 40 años de actividad. No obstante, la decisión final sobre la central corresponde al Gobierno, que se dio un plazo de seis meses para dar una respuesta tras llevar a cabo consultas con partidos políticos, empresas, grupos ecologistas, etc.
La decisión del Gobierno se consideraba fundamental, toda vez que establecería un precedente para el resto de centrales (aunque después los propietarios de la central, Endesa e Iberdrola, decidieran desistir de su explotación) y definiría el futuro de la política energética del actual Ejecutivo.
Decisiones cortoplacistas
La creación de esta nueva comisión de expertos prolongará el debate y las consultas. Además de los representantes del Gobierno, en el comité habrá un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios constituidos en el Congreso de los Diputados. Y, además, sendos representantes de los dos grandes sindicatos (UGT y CCOO) y de la patronal CEOE.
En sus últimas comparecencias públicas, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el objetivo establecido por la Unión Europea de alcanzar un 20% de la producción con fuentes renovables para el año 2020 está prácticamente asegurado con las subastas de este ejercicio (la celebrada ya y la que tendrá lugar el próximo 26 de julio). Sin embargo, Nadal también admitió que la estrategia energética del Gobierno debe mirar ya hacia el año 2030.
De ahí que el sector esté pendiente de una hoja de ruta que no termina de llegar ni de despejarse y de una política que se mueve a golpe de decisiones a corto plazo. La subasta de 6.000 megawatios de renovables en apenas cuatro meses es una muestra más.
Incluso los actores del sector de energías limpias dudan de que el mercado sea capaz de absorber la demanda que se producirá a raíz de dos procesos de tal volumen y tan cercanos en el tiempo.
