Las pensiones siguen en el centro del debate. El pasado fin de semana los pensionistas volvieron a salir a la calle para reclamar unas prestaciones dignas y en el Congreso los partidos intentan ponerse de acuerdo en el Pacto de Toledo para redactar unas recomendaciones coherentes que guíen una reforma que probablemente no verá la luz esta legislatura.
Una de las propuestas que están sobre la mesa para liberar parte del gasto y para que el índice de revalorización pueda arrojar incrementos mayores al mínimo del 0,25%, es la de financiar las prestaciones no contributivas (viudedad, orfandad y en favor de familiares) a través de impuestos. Pero lo cierto es que esta medida resolvería el déficit del sistema, pero no evitaría que las pensiones siguieran cuasicongeladas hasta 2060.
Al menos es lo que dice un informe firmado por Ángel de la Fuente (Fedea), Miguel Ángel García Díaz (Universidad Rey Juan Carlos) y Alfonso Sánchez (CUNEF y Fedea). En concreto, explican que el hecho de que el Estado se haga cargo de estas pensiones liberaría unos 22.000 euros al año de déficit en la Seguridad Social, lo que resolvería el sistema, pero generaría un superavit mínimo.
También habría que financiar la incapacidad permanente con impuestopara que la fórmula arrojara subidas de pensiones superiores al 0,25%
El principal problema de esta medida es que las previsiones de ingresos y de los otros factores que conforman el índice de revalorización no permitirán que empuje el índice por encima de su tope mínimo (0,25%) antes de 2060. Es decir, que no tendría efectos hasta entonces, así que no haría que las pensiones mejoraran en el corto plazo.
La única forma para conseguir que la fórmula arroje incrementos superiores al 0,25% ya en 2019 es financiar también a través de los Presupuestos la Incapacidad Permanente, una partida que en 2014 supuso unos 12.000 millones. Esta iniciativa sí empujaría el índice y permitiría fijar durante unos años tasas de actualización de las pensiones claramente por encima del mínimo. Incluso en algunos ejercicios las subidas podrían superar el IPC. Pero solo algunos años. De hecho, entre 2028 y 2058 el índice seguiría en el mínimo.
Por eso, el análisis los autores concluye que esta medida solo aplazaría el problema unos años, pero no lo resolvería. Además, creen podría plantear problemas serios de credibilidad que afectarían a la prima de riesgo y a la percepción que tienen los inversores del país.
Lo que sí tienen claro los tres autores es que las reformas de 2013 y 2011 no deben revertirse a pesar de los efectos perversos en la pensión media. Y es que reconocen que el valor de esta pensión caerá un 30% a lo largo de la vida de los jubilados por la aplicación del índice de revalorización. La reforma contribuirá a contener el gasto del sistema, pero a costa de las pensiones.
Otras opciones
Por eso reconocen que hay que actuar para compensar a los pensionistas. Sacar las pensiones de viudedad, orfandad, en favor de familiares de la caja de la Seguridad Social es solo una de las opciones que exploran. También analizan la posibilidad de blindar las pensiones mínimas ligándolas de nuevo al IPC, una medida que consideran mucho más posible. Tendría un coste anual de 0,43 puntos en el periodo 2017 y 2057 y exigiría un incremento del 5,8% de la recaudación del IRPF.
Los autores dejan claro que en ningún caso proponen una subida de 5,8 puntos del tipo medio de gravamen, sino de la recaudación total del impuesto, algo que consideran “asumible” para evitar situaciones de necesidad entre los pensionistas con menores prestaciones.
Curiosamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la semana pasada en el Congreso de los Diputados que subirá las pensiones mínimas por encima del 0,25% aprobado. De hecho, llegó a decir que su intención es actualizarlas en línea con los precios, pero sin volver al vínculo automático de pensiones e IPC.
Los autores creen que también habría que pensar en otras medidas como elevar de nuevo la edad de jubilación
Además de estas opciones, los autores ponen sobre la mesa otras ideas, como modificar el índice y hacer que el mínimo sea, por ejemplo, la inflación-X, lo que limitaría la caída de poder adquisitivo y la haría más predecible. También se podría topar la pérdida de poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida del pensionistas.
Y platean también la posibilidad de explorar otras formas de asegurar al menos parcialmente el poder adquisitivo de las pensiones una vez concedidas a cambio de una reducción compensatoria en su cuantía inicial o de otros ajustes del modelo que ayuden a mejorar el saldo, como un nuevo aumento de la edad de jubilación o un incremento de los tipos de cotización.
Estas medidas, que en ningún caso pueden suponer la derogación del índice de revalorización, deben ser parte de un acuerdo lo más amplio posible sobre una estrategia realista para iniciar lo antes posible una transición gradual hacia un modelo sostenible de pensiones. Y mientras dure la transición, el índice debe seguir vigente. Si se suprime, se agravaría aún más la magnitud del problema de las pensiones.
Finalmente, los autores reconocen que la alarma generada con las pensiones en las últimas semanas genera la tentación de poner un parche rápido para salir del paso sin pensar en el futuro. De hecho, creen que va a ser inevitable ver medidas de este tipo a corto plazo, pero avisan de la importancia de que cualquier parche que se apruebe ahora forme parte de un acuerdo más amplio y un plan de actuación que garantice un sistema equitativo, transparente, más adaptable al ciclo y más cercano a la generosidad que ofrecen países vecinos.
