El Banco de España tiene como misión y justificación supervisar el sistema financiero, para lo cual dispone de facultades como la destitución de directivos o la intervención de las entidades; e instrumentos como el prestigioso cuerpo de inspectores, amén de su servicio de estudios. Por ello, no debe sorprender saber que la institución -cuyo gobernador, subgobernador y los seis consejeros son designados por el Gobierno en acuerdo con el principal partido de la oposición- conocía los tejemanejes de la banca y las cajas con las participaciones preferentes.
En julio de 2000, después de 18 años de Luis Ángel Rojo como gobernador, comenzó su mandato Jaime Caruana, nombrado por el recién elegido Gobierno de Aznar. Sólo nueve meses después, el 18 de abril de 2001, Caruana pronunció un discurso ante la asamblea general ordinaria de la Confederación Españolade de Cajas de Ahorro (CECA), en el que recriminó a éstas por el uso que estaban dando a las participaciones preferentes.
De sus alambicadas palabras se deduce que el sector financiero -sobre todo las cajas- estaba hinchando la concesión de créditos y la inversión en bolsa o en empresas locales relacionadas con la construcción o el turismo, y para financiarse y cubrir la mora recurría a la venta de preferentes. Subrayamos en negrita las frases más interesantes.
Primero, la constatación de que las cajas habían optado por unos negocios más arriesgados:
“El año 2000 ha confirmado también la tendencia a compensar la caída de márgenes con un desplazamiento a actividades que, por su mayor riesgo, ofrecen rendimientos más elevados. Así, ha seguido creciendo de manera significativa el peso de la inversión crediticia y de la cartera de renta variable a costa de la inversión tesorera y en renta fija.”
¿Y qué hicieron los consejos de administración de las cajas, nombrados por los partidos políticos (PP, PSOE, CiU, PNV…) y hasta por los sindicatos mayoritarios? Emitir las preferentes para aumentar sus recursos propios.
“La adquisición de acciones en empresas, como inversión de carácter financiero, es una alternativa por la que las Cajas pueden diversificar su estructura de negocio (…) estas participaciones demandan abundantes recursos propios para cumplir los límites vigentes a las participaciones industriales y a la concentración de riesgos, y pueden obligar a la captación de aquellos, a través de instrumentos híbridos (como las acciones preferentes emitidas por filiales), que no parecen naturales en una entidad de carácter fundacional.”
Encima, estas preferentes se emitían por filiales situadas en el extranjero a fin de eludir la supervisión del Banco de España, conducta que también practicaron los bancos.
“Las Cajas de Ahorros, y con carácter general, las entidades de crédito, vienen recurriendo de forma creciente a la emisión de acciones preferentes por filiales instrumentales en el extranjero para incrementar sus recursos propios. Aunque se trata de instrumentos cuya computabilidad está prevista en las normas de solvencia, su utilización cada vez más frecuente hace que el porcentaje que representan sobre el total de recursos propios computables sea muy significativo en un número creciente de entidades. Por encima de determinados niveles, se plantean incertidumbres sobre la efectividad práctica de estos recursos propios. No se trata de una situación exclusiva del sector de Cajas, lo dicho es aplicable a todas las entidades de crédito.”
Al cliente se le ofrece “buena rentabilidad”
El Banco de España, y se supone que a través de él, el Ministerio de Hacienda, el de Economía y todo el Gobierno, sabía a qué tipo de cliente las cajas estaban colocando las preferentes y con qué cebos.
“El hecho de que las acciones preferentes se comercialicen, en muchas ocasiones, a través de las redes de las entidades y sean adquiridas por clientes habituales que se acercan al producto con la perspectiva de un cliente de pasivo, al que se le ofrece una buena rentabilidad. Todo ello plantea riesgos para el tomador, implica cierta opacidad en los precios y supone la asunción de riesgos adicionales a las entidades, entre ellos el reputacional.”
¿Cuál fue la reacción del gobernador Caruana? Sólo dar unas recomendaciones al sector financiero y confiar en su autorregulación.
“En nuestra opinión, niveles de acciones preferentes por encima del 30% de los recursos propios básicos no son recomendables. Además consideramos que estos instrumentos no deberían usarse para financiar políticas de expansión en nuevas actividades o mercados. En consecuencia, con independencia de su especial seguimiento por parte del supervisor, es a las entidades, a las que por su propia seguridad, corresponde evitar su uso excesivo y si es necesario, reconsiderar su estrategia de crecimiento si esta supone superar los límites recomendables.”
Una vez que Caruana fue sustituido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez en 2006, que entre otras ocupaciones ha desempeñado la de editorialista de El País y tertuliano en la cadena SER, las preferentes se vendieron a granel sin ningún reparo, siquiera verbal, por parte del Banco de España.
Además, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero rompió el acuerdo entre los dos grandes partidos españoles de que se dejaba el nombramiento al partido que estaba en la oposición. Así, el subgobernador que acompañó a Fernández Ordóñez, José María Viñals, no sirvió de contrapeso a éste. El actual gobernador, Luis María Linde, ha señalado que en el sexenio 2006-2012, el Banco de España actuó de manera insuficiente.
