La propuesta del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de solucionar el problema de la financiación autonómica mediante el pago de anticipos a las comunidades (dado que el Abogado del Estado no permite a un gobierno en funciones actualizar las entregas a cuenta) podría solucionar el problema de liquidez de las autonomías, pero engordaría su déficit público al no tratarse de un ingreso sino de un anticipo.
Núñez Feijóo anunció este jueves en el Parlamento autonómico que va a enviar un carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pidiéndole que reconsidere el bloqueo "descabellado" y adjuntándole un borrador de real decreto-ley que podría aprobar la próxima semana, dice, y que permitiría que las comunidades reciban el dinero pendiente de las entregas a cuentas, que para Galicia suponen 700 millones de euros.
Según ha adelantado ABC, el decreto contempla que el Ministerio de Hacienda conceda "anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos, del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y del fondo de suficiencia", una estrategia que se ampara en el artículo 64 de la ley 22/2009 que establece la posibilidad de que el Tesoro efectúe anticipos a las comunidades a cuenta de recursos que van a recibir a posteriori vía Presupuestos.
Fuentes del Ministerio de Hacienda dicen a Vozpópuli que no pueden opinar sobre esta propuesta hasta que la reciban, pero han insistido en que "están buscando soluciones al problema de la falta de financiación de las CCAA".
"La actualización de las entregas a cuenta es una prioridad para este Gobierno, por lo que se sigue trabajando en buscar una solución que permita esa actualización lo antes posible", han apuntado desde el equipo de María Jesús Montero.
La Abogacía del Estado se opondrá
El Ministerio se escuda en el informe de la Abogacía del Estado que sentenció que un gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas, pero al no tratarse de una actualización sino de un anticipo no se conoce realmente cuál sería el criterio de la Abogacía para ese supuesto.
El economista Ángel de la Fuente, presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cree que el Ministerio "podría hacer la consulta", pero entiende "que la respuesta del Abogado del Estado será la misma porque el razonamiento sería el mismo", dice en relación al criterio de que un gobierno no puede condicionar la actuación del siguiente.
"La Abogacía del Estado señala que un gobierno en funciones puede ocuparse del despacho ordinario de asuntos públicos o de casos excepcionales si existe emergencia. Para mí, aprobar anticipos para las comunidades entra dentro del despacho de los asuntos corrientes porque no se está comprometiendo la capacidad de decisión del siguiente Gobierno, sino que solo se acelera que les llegue la liquidez a las comunidades", explica.
No obstante, incluso si la Abogacía del Estado se mostrara favorable -en caso de que le pregunten- y de que el Ministerio decidiera llevar a cabo estos anticipos, De la Fuente destaca que se solucionaría el problema de liquidez pero "incumplirían igualmente el objetivo de déficit porque esto no son ingresos sino adelantos".
Relajar el objetivo de déficit
Para solucionar esta segunda derivada del problema, el Gobierno podría relajar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, como ya adelantó Vozpópuli, a cambio de endurecer los de la Administración Central.
En su actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 remitido a Bruselas, el Gobierno se comprometió a cerrar 2019 con un déficit público del -2% del PIB, resultado del agregado de un déficit esperado para la Administración Central del -0,5%, de un déficit del -0,3% para las CCAA, otro del -1,2% para la Administración de la Seguridad Social y una situación de equilibrio presupuestario (0%) para las Corporaciones Locales o ayuntamientos.
El cambio de reparto supondría que el objetivo de déficit para las CCCA aumente (podría llegar al -0,8% si gastan esos 6.000 millones que no tienen, porque una décima de PIB equivale a unos 1.200 millones) y el de la Administración Central baje (al contar con 6.000 millones más, unas cinco décimas de PIB, podría alcanzar la estabilidad). Este cambio no impactaría en el resultado final, que seguiría siendo del -2% del PIB, como España avanzó a Bruselas.
Preguntada por esta posibilidad, la propia Montero se limitó a contestar que le parecería "paradójico" tener que modificar la senda de déficit después de que la mayoría del PP en el Senado fue la que impidió que España se comprometiera a un objetivo de déficit del -1,8% del PIB y le obligará a comprometerse a alcanzar el -1,3%, lo que supone 6.000 millones de euros menos.
Murcia y C. Valenciana, las más afectadas
Según ha reconocido la titular de Hacienda en funciones, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana pueden ser las que antes se vean afectadas por la no actualización de las entregas a cuenta, un problema que podrían sufrir entre finales de octubre o principios de noviembre, mientras que las demás se verían afectadas a final de año.
Esto se debe a que estas dos autonomías están más lejos de cumplir con el objetivo de déficit y tienen un "peor" trato del sistema de financiación autonómica, por lo que es posible que afronten problemas antes que las demás, ya que todas tendrán que recurrir a la deuda si no tienen liquidez y no les llegan las entregas a cuenta o bien los anticipos.
