El rescate a las autopistas radiales vive un nuevo episodio en esta senda de encuentros y desencuentros entre la Administración y la banca. Las entidades españolas se han puesto en manos del bufete Uría Menéndez para que se convierta en su asesor e interlocutor en las negociaciones con el Gobierno, según confirman diversas fuentes a este medio.
La banca quiere armarse legalmente ante la pretensión de Fomento de que sean las entidades españolas quienes asuman la deuda de las autopistas en quiebra que aún mantiene la banca extranjera en sus balances. En total, en el entorno de los 1.300 millones de euros. Los bancos españoles se niegan a asumir esa carga salvo que el Gobierno acceda a una solución en la que aparezca la intervención del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En definitiva, algún tipo de línea de financiación pública para concretar la operación. Así se lo han transmitido en los últimos días a Fomento. Esa es la propuesta ofrecida por la banca nacional ante el llamamiento de Fomento de reactivar la solución de las radiales.
El Ejecutivo había pedido ayuda a la banca española para que mediara ante las entidades extranjeras con el fin de evitar un conflicto judicial, como informó este medio el pasado 3 de diciembre. Los bancos extranjeros anunciaron antes del verano su intención de presentar demandas si finalmente Fomento ponía en marcha la quita del 50% sobre la deuda que tenían contraída con las concesionarias. Parte de esta mediación, confirman fuentes del sector, incluía la compra de la deuda de los bancos extranjeros por parte de sus homólogos nacionales. Adquisición que se hubiera efectuado con la quita correspondiente.
La negativa de las entidades españolas parece obligar ahora a la Administración a asumir la deuda de la banca extranjera para evitar el conflicto judicial. "La única alternativa es que el Estado recompre esta deuda con una quita del 50% y un bono pagadero a 30 años", sostienen desde el sector financiero nacional. En ese caso, el Estado asumiría un total de 646 millones de deuda nueva, el tramo perteneciente a las entidades foráneas, con el consiguiente impacto en las cuentas públicas.
Las entidades extranjeras acudirán a los tribunales para evitar que el Ejecutivo quede eximido del pago de una parte de su responsabilidad patrimonial en el caso de que las concesionarias de autopistas vayan a la liquidación, concretamente la referida a los pagos por las expropiaciones de terrenos, cuya burbuja de precios constituye una de los motivos que han llevado a la quiebra a estas sociedades. De esta forma, los acreedores quedan en una posición de desventaja.
Pese a que Fomento ya no necesita el acuerdo de la banca extranjera, por los cambios introducidos en la nueva ley concursal, el Gobierno quiere presentar un acuerdo sin fisuras entre toda la banca. Sin embargo, la negativa de las entidades nacionales ha vuelto a encallar la posible solución.
El Ejecutivo agrupará todas las radiales en dificultades en la futura sociedad pública, de manera que ninguna quede segregada de forma individual. El primer paso consiste en unificar en un único Juzgado, en un único convenio de acreedores, los concursos de las ocho radiales en quiebra. Así, según los cambios que establece la nueva ley concursal, esta unificación permite al Gobierno sacar adelante su propuesta de rescate ya que la deuda en poder de la banca española convierte a las entidades nacionales en mayoritarias en este convenio único de acreedores. La modificación de la ley concursal reduce las mayorías exigidas para los acuerdos para evitar que se puedan bloquear con facilidad por acreedores minoritarios. Lo que sucede en este caso con las entidades extranjeras que tendrán que aceptar la propuesta que, en principio, cuenta con el apoyo de los bancos españoles.
La solución tendrá que concretarse en un futuro real decreto que otorgue cobertura legal al acuerdo. El Gobierno había planteado a banca y concesionarias una quita del 50% de la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.600 millones, y la creación de un fondo de titulización que emitiese bonos a 30 años con la garantía de Seittsa y con una rentabilidad mínima del 1%. Desde la banca se reclamaba también que estos bonos estuviesen garantizados por el Estado y que se mejorase la rentabilidad fija que devengarán para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años, cercano al 4%.
En los nueve primeros meses del año, y dentro de las autopistas con problemas, la AP-41 entre Madrid y Toledo redujo su tráfico un 43%, seguida de la R-5 (13,6%); R-2 (6,8%); R-3 (5%); R-4 (3%) y la Circunvalación de Alicante (0,1%). Los crecimientos se registraron en la AP-36 entre Ocaña-La Roda (4%); AP-7 entre Cartagena-Vera (3,2%) y el Eje Aeropuerto (1,9%).
