Renfe ha logrado 'luz verde' para comprar nuevos trenes por 3.000 millones de euros, toda vez que el Gobierno le ha garantizado el monopolio en la prestación del servicio de Cercanías y Regionales durante al menos diez años más y la subvención pública para costearlo, que asciende a 9.700 millones para todo el periodo.
Así se establece en el contrato-programa de Renfe aprobado este viernes en Consejo de Ministros, el documento que regula el mandato que el Estado da a la operadora pública para que se encargue de explotar este tipo de trenes, considerados de servicio público y los que más viajeros transportan.
Apertura en la UE
El Gobierno opta así por que Renfe siga prestando en exclusividad estos servicios, a pesar de que en 2020 el transporte de viajeros en tren se abre a la competencia en toda la UE. La compañía ferroviaria española sólo tendrá entonces que competir con otros operadores en AVE y Larga Distancia.
"Ello garantiza un horizonte muy importante a Renfe", según indicó el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en referencia al plazo de quien años, prorrogable a quince, del contrato-programa.
Plan de mejora de Cercanías
Así, en primer término, la compañía podrá comenzar en enero a lanzar en cascada las compras de trenes que tiene planeadas. El grueso serán para Cercanías, en el marco de los planes de mejora de estas redes de transporte metropolitanas actualmente en marcha, aunque no se descarta adquirir también nuevos AVEs.
Fomento calcula que en marzo o abril del próximo año estén ya licitados todos los procesos de compra, de los que están pendientes desde los principales fabricantes ferroviarios radicados en el país, Talgo, CAF, Bombardier, Siemens y Alstom.
Renfe aborda esta inversión en material rodante toda vez que el contrato-programa le garantiza la prestación en monopolio los servicios públicos de Cercanías y Media Distancia a cambio de la correspondiente subvención pública, a razón de unos 970 millones de euros.
El pago de esta subvención se atribuye al hecho de que se trata de trenes que no son rentables económicamente, pero que se mantienen por su rentabilidad social, esto es, porque aseguran determinadas conexiones, la movilidad de los ciudadanos y la vertebración territorial.
