Teresa Ribera acompañó esta semana a Pedro Sánchez a Cádiz para anunciar una gran inversión de Compañía Española de Petróleos (Cepsa) en hidrógeno. Una foto que refleja la buena relación entre ambas partes. Algo que matiza alguno de los presentes: “Se palpaba la tensión que existe entre petroleras y el Gobierno”. Mientras, el mismo día, en la sede de uno de los grandes desarrolladores de plantas fotovoltaicas, la opinión sobre Ribera es contundente: “Nos ha preparado una guillotina el 25 de enero”.
La ministra para la Transición Ecológica tiene dos frentes abiertos con las empresas del sector energético, ambos con una complicada solución. Por un lado, Ribera es la cara visible de la declaración de enemistad del Gobierno hacia grandes petroleras como Repsol o Cepsa, BP. Mientras Pedro Sánchez ha acusado a este sector de “forrarse” y María Jesús Montero ha diseñado un gravamen a sus ingresos por sus “beneficios extraordinarios”, el sector considera que ‘su interlocutora habitual’ les ha hecho el vacío desde que les pidió ayuda con el plan de ahorro energético en el invierno.
Por su parte, las empresas del sector renovables sienten cierta traición con una ministra que “se ha mostrado a los inversores extranjeros como la gran defensora de las tecnologías limpias”, recuerda una de estas compañías. Su enfado reside en la psicosis que les genera el próximo 25 de enero de 2022. Una fecha que, si sus proyectos de generación que hubieran obtenido el permiso de acceso en fecha posterior al 27 de diciembre de 2013 y antes del 25 de junio de 2020, tendrán que volver a la casilla de salida.
Son 100 gigavatios (GW) de potencia esperando un milagro. Decenas y decenas de proyectos que ofrecen al mercado la potencia necesaria para alcanzar los objetivos de renovables del Gobierno en su hoja de ruta energética hasta 2030. La idea de Ribera, en 2020, con esa medida, era ahuyentar a los especuladores para que dejasen de atascar la Administración y quedarse como proyectos ‘reales’.
El problema es que el atasco de la Administración ha dejado a los proyectos reales sin declaración de impacto favorable. “Es una guillotina que nos va a pasar ese día y millones de euros de inversión se perderán y otros se quedarán paralizados”, comentan desde una empresa que cuenta con cerca de 2 GW en su cartera.
Ribera defiende el impuestazo
Mientras que las renovables tienen incertidumbre por sus proyectos, las petroleras protestan que se ataca incluso sus negocios no energéticos. Estas compañías y sus asociaciones han intentado hacerle ver a Ribera que es “una locura” que su impuestazo cargue a divisiones como la química, que se encarga de elaborar derivados del petróleo como los plásticos. “No es coherente crear un impuesto porque consideramos que las energéticas se han forrado por los altos precios energéticos y castigar divisiones que no tienen nada que ver”, protestan desde estas compañías.
Este tipo de empresas también están molestas porque, si tienen que asumir esta nueva carga fiscal por una situación extraordinaria, consideran oportuno mejoras fiscales para la transformación ‘verde’ de sus empresas. “Mientras aseguras el suministro de carburantes o pones todo de tu parte para buena gestión de las ayudas en las gasolineras, solo recibes hachazos”, manifiestan.
Buscar un plan b
Estas compañías que refinan y gestionan la gran mayoría de las gasolineras del país han intentado modificar sus castigos a través de enmiendas y de negociación bilateral con el Ministerio. “No ha habido suerte y no parece que la vaya a haber”, informan desde las grandes empresas del sector petrolero. “Habrá que buscar administraciones más favorables para invertir”, concluyen.
En el negocio de las renovables, ven en las últimas promesas de Ribera cierta “comedia de mal gusto”. “Nos contáis desde la prensa que ahora, dos años después, el Ministerio va a poner todos los recursos para que los proyectos reales no se queden en el camino. Es decir, quieren hacer en dos meses, con Navidad de por medio, lo que no han logrado en dos años”, puntualiza uno de los desarrolladores afectados. Es decir, petroleras y renovables están de acuerdo en que la ministra mueve ficha “contra todos”.
