Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez al poco de llegar al poder fue la decisión de no prolongar la concesión de las primeras autopistas de peaje en España, así como la eliminación de los peajes que hoy pagan los ciudadanos. De esta forma, las autopistas empezarán a revertir al Estado a partir de noviembre de este año. Esta 'nacionalización' supondrá que el Estado renuncie a 10.340 millones a largo plazo, según los cálculos realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En concreto, suprimir los peajes que hoy pagan los ciudadanos por circular por esas carreteras de pago tendrá un impacto negativo en las arcas públicas de 437,5 millones euros al año, como ya dijo la patronal de constructoras y concesionarias Seopan. Según el IEE, la cifra se explica por los 84,8 millones de coste de explotación y mantenimiento, hasta ahora asumido por las concesionarias, y por los 352,7 millones que dejaría de recibir el Tesoro en concepto de retorno fiscal anual (IVA, Sociedades, IRPF, cargas sociales y otros tributos).
Pero ahí no acaban los problemas. A esta cifra habría que añadir las pérdidas en las que incurriría el Estado por no volver a licitar, como estaba previsto, las nueve autopistas que han revertido anticipadamente y cuyo ingreso para el Estado se estima en unos 1.000 millones de euros. Además, el levantamiento de barreras de las autopistas que terminan contratos implica la renuncia a su relicitación, que podría haber permitido un pago inicial al Estado por parte de futuros concesionarios de 9.340 millones de euros.
La renuncia de Sánchez
Esto significa que la continuidad del sistema de peaje en las tres autopistas que acaban contrato en breve (AP-1, AP-7 y AP-4) y la relicitación de las autopistas que han revertido anticipadamente supondrían la obtención de unos recursos adicionales para el Estado de 10.340 millones a los que Sánchez ha decidido renunciar, según anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País. A esta renuncia de ingresos habría que sumar los 437,5 millones que se ahorraría en gastos.
En 2021 llegará el vencimiento de otras dos autopistas de peaje: la AP-2 entre Zaragoza y la costa mediterránea y diversos tramos de la AP-7 (Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol). Sin embargo, el horizonte temporal del fin de estas concesiones trasciende la actual legislatura por lo que deberá ser el Gobierno resultante de las próximas elecciones el que tome una decisión definitiva.
El PP no quería prolongar las concesiones de peajes próximos a vencimientos
Lo cierto es que el Gobierno del PP había dicho también que no prolongaría las concesiones de peajes con próximos vencimientos, a pesar de las peticiones de las sociedades concesionarias (Itínere, para el caso de la AP-1, y Abertis para las otras dos vías). Sin embargo, no terminó de definir cuál sería el destino de los peajes una vez que finalizara la concesión.
La idea del Ministerio de Fomento que dirigía Íñigo de la Serna era que el coste de estas primeras autopistas de peaje ya estaba amortizado. No obstante, aún se planteaba la posibilidad de que fuera el Estado el que siguiera cobrando el peaje, una vez vencida la concesión, para sufragar el mantenimiento de esos tramos, que ya no correrían a cargo de la concesionaria.
La renuncia a los 10.000 millones es una de las razones que han llevado al Instituto de Estudios Económicos (IEE) a llamar a su ultimo informe ‘No perder la confianza que tanto ha costado recuperar’. El organismo, laboratorio de ideas económicas de la CEOE, se ha mostrado muy critico con las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno y convencido de que el próximo que salga de las urnas en 2020 tendrá que arreglar los desastres de los socialistas.
