"Ha estado mas tiempo en prisión que 'La Manada". Con este argumento, la defensa del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha criticado el hecho de que su defendido haya estado dos años "injustamente" en prisión preventiva y ha solicitado que se le deje en libertad provisional "en este mismo momento" o "cuando termine el juicio" y antes de que se dicte sentencia. Lo ha hecho durante la presentación de cuestiones previas del juicio que arranca este lunes, en el que se determinará si el empresario cometió o no un delito de blanqueo de capitales.
La defensa, encabezada por Pau Molins, ha solicitado a su vez dividir la acusación de la Fiscalía en tres delitos. La intención, ha explicado el letrado, es archivar dos de los delitos y remitir el tercero a los Juzgados de Barcelona.
El Ministerio Público basa su acusación en tres operaciones. En primer lugar, imputa a Rosell -y a otras cinco personas implicadas en la causa- de crear un entramado societario para blanquear mordidas que habría conseguido a través de la sociedad Uptrend Developement al hacer de intermediaria entre la Confederación Brasilera de Fútbol (CFB) e International Sport Events para la firma de los contratos de derechos de retransmisión partidos de la selección brasileña de fútbol. En segundo lugar, le acusa por una operación en la que se habría usado el entramado para blanquear cantidades del contrato de patrocinio de Nike con la selección brasilera.
Molins ha alegado a la "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para juzgar estos dos de los hechos e insiste en que ambas habrían tenido lugar fuera del territorio español; en concreto, en Brasil y Andorra. Según el letrado, los hechos tal y como se relatan en el escrito del Ministerio Público "no pueden ni deben habilitar la jurisdicción española".
La Fiscalía también imputa a Rosell por la falsificación de la venta de Bonus Sport -en mayo de 2011- a una entidad libanesa creada un mes antes de la operación, en la que participó el también procesado Shahe Ohannessian. Sobre esta tercera operación, que sí habría tenido lugar en España, la defensa del empresario pide a la Sala inhibirse a favor de los Juzgados de Barcelona.
Ahora, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá determinar si Rosell blanqueó o no 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que se habría quedado con al menos 6,5 millones.
11 años de cárcel
La Fiscalía pide para Rosell 11 años de cárcel. En concreto, le acusa de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por lo que además le reclama el pago de una multa de 59 millones de euros. También solicita para su mujer, Marta Pineda, una pena de siete años de cárcel.
La solicitudes de prisión se extienden para el abogado andorrano Joan Besolí, para el que requiere diez años; el ciudadano libanés amigo de Rosell Shahe Ohanneissian, con una pena de siete años; y otros dos presuntos testaferros, Pedro Andrés Ramos, quien se enfrenta a ocho años de prisión, y Josep Colomer, con una pena de seis años.
Rosell se encuentra en prisión provisional desde mayo de 2017. Desde entonces, ha solicitado su libertad más de una decena de veces, pero siempre se le ha denegado por riesgo de fuga.
